UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO ISBN: 978-612-311-185-4 373. 1993) y a la vez, dando cumplimiento expreso, al Derecho a la Pluralidad de Instancias (Art.139. Precisa que en los procesos de selección en el marco de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) son obligatorias las etapas de Evaluación Curricular y Entrevista, y es opcional la Evaluación Psicológica y otros mecanismos de evaluación. Temis. El segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta. “El deber de diligencia comprende el cuidado y actividad en ejecutar el trabajo en la oportunidad, calidad y cantidad convenidas. En el caso de las entidades, el responsable de administrar la casilla electrónica es el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 9 0 obj /ColorSpace /DeviceRGB 32. (…)”. Disponible en http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5700/Saavedra_ms.pdf?sequence=3&isAllowed=y . En atención a lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria; ACORDÓ: 2.1. %âãÏÓ El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en … 1. Por lo que puede entenderse que funciones son aquellas tareas, actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor sometido a procedimiento disciplinario, descritas usualmente en algún instrumento de gestión u otro documento. Debida motivación, a propósito de la determinación de los puntos controvertidos - Enfoque Derecho | El Portal de Actualidad Jurídica de THĒMIS Por Paul Iriarte, abogado por la Universidad Alas Peruanas.A Celis Mendoza con aprecio.Si bien las herramientas de la teoría estándar de la argumentación jurídica permiten el control y la elab El juez debe excluir la intuición, entendida como la capacidad de lograr un conocimiento directo, una percepción inmediata sin la observación o la razón. /Width 87 El movimiento a favor del proyecto de ley del congresista Carlos Bruce por parte de medios de comunicación y figuras públicas ha sido muy importante. 6. ¿Es adecuado que los intercambios que involucren intangibles califiquen…, ¿Es la extensión del Derecho al Régimen de Visitas una inclusión…, Ley 31145 y sus implicancias -provisionales – para la independización de…, ¿Actúas por mí? El incumplimiento se manifiesta, por ejemplo, en el desinterés y descuido en el cumplimiento de las obligaciones; en la desidia, pereza, falta de exactitud e indolencia en la ejecución de las tareas y en el mal desempeño voluntario de las funciones; en el trabajo tardío, defectuoso o insuficiente; en la ausencia reiterada o en la insuficiente dedicación del aprendiz a las prácticas de aprendizaje.”18. En este sentido, este Tribunal del Servicio Civil considera que en los casos en los que las entidades estatales imputen la falta disciplinaria sustentada en la negligencia en el desempeño de las funciones, deben especificar con claridad y precisión las normas complementarias a las que se remiten, cuidando que se contemplen las funciones que las normas de organización interna de la entidad ha establecido para sus servidores y funcionarios, las cuales obviamente deben ser de previo conocimiento de su personal. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no … 29. 779. En el Perú se sostiene, actualmente, que el debido proceso tiene dos dimensiones; una procesal y otra sustancial. Por Paul Iriarte, abogado por la Universidad Alas Peruanas. endstream /SMask 11 0 R WebTal como se advierte, la emplazada no ha motivado de manera suficiente la resolución impugnada, pues no ha precisado las razones concretas por las cuales suspende la pensión … Entre las finalidades de fijar los puntos controvertidos, radica en la búsqueda de modificar la resolución que nos cause agravio, que se materializa en la posibilidad de reforma o anulación dela resolución del juez A Quo, por medio de un nuevo examen sobre lo ya resuelto[27]. De esta forma, en los casos en los que se imputa la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, corresponderá a las entidades determinar y precisar si la conducta que configura la negligencia se comete por acción, omisión, o por acción y omisión a la vez, debiendo señalarse en cada uno de estos supuestos cuáles son las funciones que se realizaron de forma negligente y la norma en que éstas se describen. La motivación de las resoluciones es un derecho fundamental de todas las personas ya que de esta forma se permite la tutela efectiva por parte del estado, así … En esa línea, el Tribunal Constitucional manifiesta que “la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; (…) alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones. § 1. En esa línea, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, suscrita por el gobierno peruano26, señala que en la organización del trabajo se requiere de instrumentos de gestión de recursos humanos destinados a definir las características y condiciones de ejercicio de las tareas (descripción de los puestos de trabajo), que comprendan la misión de éstos, su ubicación organizativa, sus principales dimensiones, las funciones, las responsabilidades asumidas por su titular y las finalidades o áreas en las que se espera la obtención de resultados27. Por otra parte, respecto a la indeterminación de las funciones que les son exigibles a los servidores y funcionarios públicos, es conveniente recordar, de forma referencial, que el Tribunal Constitucional ha expresado en las sentencias recaídas en los Expedientes Nos 2192-2004-AA-TC21, 4394-2004-AA/TC22, 3567-2005-AA/TC23, y 3994-2005-AA/TC24, que la tipificación que contiene el literal d) del artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276, sobre la falta de “negligencia en el desempeño de las funciones”, resultaba ser una cláusula de remisión que requería del desarrollo de reglamentos normativos que permitan delimitar el ámbito de actuación de la potestad sancionadora, debido al grado de indeterminación e imprecisión de las mismas. Como lo ha expresado este Tribunal (Cfr. Según el TC, el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas consiste en el derecho a la certeza, que supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico … 2.¿Interesante, no?. El juez no puede prescindir de las reglas de la carga de la prueba – material, en lo procesal penal – , de la presunción de inocencia y hasta de los pocos indicios que puedan extraerse de la prueba practicada. En nuestro país, la base legal de la necesidad de establecer medios idóneos para solicitar un reexamen de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional obedece a una exigencia constitucional, que se desprende de manera implícita a través del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (Art. /Subtype /Image Es la respuesta del juez a la actuación de las dos razones en pugna. )¥¼s—Šªšî^¢žþ>ƒƒ‡ÌÌ-,­¬w 8:9»x>ãý¯ßÅ/] Generalidades (ii) Se habría vulnerado el principio de tipicidad y legalidad. Webinfo@servir.gob.pe; Horario de atención: Mesa de partes presencial: Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas (horario corrido) - Psje. Por otra parte, nos encontramos con la dimensión sustancial del debido proceso. /BitsPerComponent 8 37. Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sea admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia[8]. 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, Pág. 2. La Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. /Quality 60 Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Resolución de Secretaría General Nº 218-2020-MINEDU, solicitando se declare su nulidad, de acuerdo a los siguientes argumentos: (i) No hubo resolución de apertura de investigación. Teniendo en cuenta los principios de legalidad y tipicidad corresponde ahora analizar lo concerniente a la falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, tipificada en el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil16. [12] Derecho Procesal Penal Lecciones César San Martín Castro Editorial CENALES Edición Noviembre del 2015. La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos … /BM /Normal Sí, pero sin…, ¿Suficiente y necesario? Quien cuestiona, saca la discusión de su terreno y/o se empeña en debatir lo que nadie discute. (FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: El Sistema Constitucional Español, Dykinson, Madrid, 1992, p. 257). Así lo reconoce el Tribunal Constitucional al sostener que: “… queda clara la pertinente extrapolación de la garantía del derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con ello la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa”15. Se trata por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer que es lo que el testigo ha dicho, cual es la conclusión a la que llega el dictamen pericial, que es lo que realmente se dice en el documento, etc[17]. 9 786123 111854. constitucional. También se excluye de este concepto aquellas prohibiciones que tengan por objeto mantener el orden al interior de las instituciones públicas, que pretendan encausar la conducta de los servidores y no estén vinculadas a una función en concreto; como sería, por ejemplo, la prohibición de registrar la asistencia de otro trabajador, de portar armas en las instalaciones de la institución, de fumar en las instalaciones de la institución, de hacer proselitismo o de doble percepción de ingresos, en las que -qué duda cabe- no se podría atribuir una “negligencia en el desempeño de las funciones”. “El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los … << /Type /ExtGState Todos estos en el marco de las reglas procedimentales y sustantivas establecidas por el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y, la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, luego modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE. 240. Además, únicamente puede complementarse con aquellas disposiciones de la Ley Nº 30057 o su Reglamento General que sean aplicables a los trabajadores que se encuentran comprendidos en los Decretos Legislativos Nº 276, 728 y 105730. De ahí que las funciones son aquellas actividades o labores vinculadas al ejercicio de las tareas en un puesto de trabajo, descritas en los instrumentos de gestión de cada entidad. De tal manera que cuando existe un medio de prueba que se ofrezca por alguna de las partes en el proceso, ese medio de prueba si se admite en el mismo, automáticamente nace la obligación jurídica de actuar, esa prueba actuada, prueba valorada, y solamente se podrá resolver y decidir un caso constitucionalmente hablando si es que se toma en cuenta las pruebas admitidas y actuadas. 12. 1993)[28]. endobj 11. En suma se debe presentar la evidencia de todos aquellos aspectos que tengan que ver con la teoría del caso en especial los hechos controvertidos – en cuanto a lo que se tiene que probar y refutar. Teniendo como referencia lo expresado en esta norma respecto a la relación de trabajo en el empleo público y el desempeño laboral, se deduce que el desempeño de la función pública debe ajustarse a los valores que la Ley reconoce como tales, siendo un quebrantamiento de este deber funcional realizar conductas que contravengan estos valores. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, con sus características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de indeterminación, mayor o menor, según sea el caso”, “En definitiva, la certeza de la ley es perfectamente compatible, en ocasiones, con un cierto margen de indeterminación en la formulación de los tipos y así, en efecto, se ha entendido por la doctrina constitucional. Resolviendo en un acápite autónomo respecto a los puntos controvertidos, facilitando a la Sala Superior el trabajo de cara a los puntos controvertidos, si se discutió de manera minuciosa las articulaciones de las partes. Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. %PDF-1.7 20. Mediante Resolución Ministerial Nº 000169-2022-DM/MC del 3 de junio de 20229, 4. ‡Ã`›ÙŸ6ó †‚£åµIüâöž Lo anterior da lugar a la aplicación de una regla básica “lo que no se puede motivar legítimamente no existe”. Desde luego el juez retiene la necesidad de valorar la prueba en un sentido o en otro, pero lo hará una vez haya constatado la presencia de los requisitos mínimos establecidos jurisprudencialmente, que no pasan de ser meramente orientativos y en modo alguno pueden condicionar la libertad del Tribunal al momento de valorar las pruebas y formar su convicción. Su finalidad es sencillamente, indicar al juez los requisitos mínimos que ha de reunir una determinada prueba para que pueda convertirse en elemento de convicción suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, en tanto en nuestro sistema procesal no rige el viejo apotegma: testis unus, testis nullus. xœ•gTX€_HB1!1Ô MiA@D¥ª”(¡ PRECISAR que los precedentes administrativos de observancia obligatoria antes mencionados deben ser cumplidos por los órganos competentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. endobj Véase las resoluciones: 00076-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, 02703-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, 01539-2017-SERVIR/TSC-Primera Sala, 00084-2017-SERVIR/TSC-Primera Sala. Esta fase de recopilación de los resultados probatorios debe favorecer la deducción, y por ende, evitar conclusiones precipitadas – se sigue el modelo de orientación deductiva –. Por tanto, si el proceso de valoración se violan los principios lógicos o la argumentaciones son contradictorias, insuficientes o defectuosas, se emitirá una sentencia con errores in cogitando[16]. En otras palabras, esta disposición no tipifica una falta directamente imputable con el incumplimiento de alguna obligación, deber o prohibición, como en la práctica viene ocurriendo; sino que es una precisión que permite definir cuándo es que se está frente a una falta por omisión. Hay que llamar la atención que la norma no define que son los puntos controvertidos, por lo que debemos suponer que el legislador o bien ha considerado dejar su definición al libre albedrio de las partes, o bien que ella está implícitamente contenida en la pretensión[23]. El grado de indeterminación será inadmisible, sin embargo, cuando ya no permita al ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y cuáles están permitidos. /Type /ExtGState [27] Manual del Proceso Penal & de Litigación Oral José Antonio Neyra Flores Editorial IDEMSA Edición Julio 2010. pág. En tal sentido, en uso de la potestad de la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil de emitir precedentes administrativos de observancia obligatoria, con los efectos y alcances precisados en los Fundamentos Sexto y Décimo del Acuerdo Plenario aprobado por Resolución de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC, se adopta el presente Acuerdo Plenario con la finalidad de incorporar con la debida amplitud los fundamentos jurídicos necesarios para establecer un conjunto de directrices resolutivas cuya observancia y aplicación resulte obligatoria a las entidades administrativas. En esa línea, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, suscrita por el gobierno peruano, , señala que en la organización del trabajo se requiere de instrumentos de gestión de recursos humanos destinados a definir las características y condiciones de ejercicio de las tareas (descripción de los puestos de trabajo), que comprendan la misión de éstos, su ubicación organizativa, sus principales dimensiones, las. WebSegún el TC, el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas consiste en el derecho a la certeza, que supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y … La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, considera que las directrices contenidas en los numerales 15, 22, 31, 32, 33, 39, 40 y 41 del presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la aplicación del principio de tipicidad respecto de la falta de negligencia en el desempeño de las funciones, en el marco de la Ley Nº 30057 y su Reglamento General. /Height 235 De ahí que la decisión final deba ser fundada, como fundadas han sido las premisas por las partes, en defensa de sus mutuas posiciones que incluyen, obvio es decirlo, también un proyecto de decisión.[30]. Aunque, claro está, esta falta se circunscribe a las disposiciones de la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, no pudiendo vincularse con otros cuerpos normativos. Dispone el inicio de la vigencia de la Resolución 107-2011-SERVIR-PE . 8. De ese modo, un acto será considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho fundamental a un debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito – en tanto vulnera un derecho o un bien de mayor jerarquía que el que pretenden protegerse – y los medios para alcanzarlo no son proporcionales – en tanto no respetan los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto[5] –. 2.2. Si bien las herramientas de la teoría estándar de la argumentación jurídica permiten el control y la elaboración de la imputación en cuanto a la justificación interna como externa, como toda decisión judicial y la función acotante frente a las pulsiones punitivas, no es menos cierto la determinación de los puntos controvertidos que atañen a cada pretensión, por tanto toda motivación se realizara atendiendo a ello. El profesor chileno Emilio Morgado Valenzuela, al tratar aspectos relacionados al deber de diligencia manifiesta lo siguiente: “El deber de diligencia comprende el cuidado y actividad en ejecutar el trabajo en la oportunidad, calidad y cantidad convenidas. Fuente de la imagen: https://www.canadianmortgagetrends.com/2015/12/no-more-slack-for-broker-cheats/, [1]Ensayo sobre las teorías de la argumentación según Manuel Atienza Bartolomé Gil Osuna, Carlos Portillo Arteaga, José Gregorio Viloria 2002 Pág. En ese sentido, lo primero que el juez deberá realizar es una previa ordenación de todo el material probatorio. Reglas de la IBA sobre Práctica de la Prueba: Un Análisis Comparado de Legislaciones... Editorial | Asilo político a la familia de Pedro Castillo: ¿Una cuestión política o... 5 razones para oponerse a la Unión Civil Homosexual, El concurso de delitos en el Derecho Penal. Por tanto, toda norma que exceda los estándares de razonabilidad en cuanto a su ejecución vulnera aquel principio en su dimensión procesal propiamente dicha[3]. ii. La Resolución de Sub Intendencia contiene una motivación aparente, toda vez que se procedió a desestimar el cuestionamiento base de la impugnante sobre las disposiciones normativas que no habían sido invocadas en sus descargos a la imputación de cargos. iii. Æôë†pkoø/äøáÚ_KcËwÚIo8³®a%½ÕlßÉæ¶ßy‘³Ú’°d6¤Žºæ»ì\ÚËô}x%ç~W)Ï_ܽ_þ‹Ã˵üzËp§ÿµwf0o«${2kçѬ)ÕÍòU$ÜútàüdCòib}&ŸN¸çñþڕ+. . En tal sentido, teniendo en cuenta lo expuesto sobre el principio de legalidad y tipicidad, la descripción de la “falta por omisión” del numeral 98.3 del artículo 98º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 resulta ser una norma reglamentaria que complementa, a través de la precisión que realiza, cómo es que un servidor público incurre en una falta por omisión, indicando que ello ocurre cuando éste se encuentra en condiciones de hacer una acción pero no lo hace, pese a tener la obligación de su realización. Si, como consecuencia de lo anterior, no se puede acreditar la existencia del hecho punible y/o su comisión culpable por el imputado – la prueba de cargo es inexistente o insuficiente – , debe aplicar el principio de presunción de inocencia que obliga a absolver al reo[14]. La potestad sancionadora del Estado (ius puniendi) es ejercida en la Administración Pública a través de la facultad disciplinaria. 2.3. Por otra parte, en la doctrina, Morón Urbina afirma sobre el principio de legalidad de la potestad sancionadora, lo siguiente: “… nos encontramos frente a una regla de reserva de competencia para dos aspectos de la potestad sancionadora: para la atribución de la competencia sancionadora a una entidad pública y para la identificación de las sanciones aplicables a los administrados por incurrir en ilícitos administrativos. Al respecto, el Tribunal Constitucional distingue el principio de legalidad y el de tipicidad expresando lo siguiente: “No debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. 2. 9. Aplicación del numeral 98.3 del artículo 98º del Reglamento General de la Ley Nº 30057. WebA su turno los artículos 3.4, 6.1, 6.2, y 6.3, señalan respectivamente que para su validez “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y … [18] Criterios técnicos de la fijación de los puntos controvertidos en el derecho procesal civil peruano Tesis para optar el grado académico de magíster en Derecho con mención en Derecho Procesal Autor Santos Eladio Saavedra Moncada Universidad UNMSM Lima Perú pág.