Creemos que, en el marco normativo constitucional, esto es, las disposiciones que prevén específicamente los artículos 42, 75 (inciso 20), 99 (inciso 7) y 100 (inciso 3), CN, los entes deben ser creados por ley. Conviene recordar, quizás, con mayor claridad los hechos del caso. A su vez, el nexo entre ambos, esto es, el título del mandato o poder. Carlos F. Balbín © Carlos F. Balbín, 2011 © de esta edición, La Ley S.A.E. Estos conceptos, como ya adelantamos, sufrieron crisis fuertes y recurrentes y cambios casi permanentes, incluso se ha sostenido la idea de que el servicio público desapareció o debe desaparecer. En síntesis, el criterio en el Estado Democrático de Derecho es el siguiente: a) el Estado no puede obrar (principio prohibitivo), y b) sí puede hacerlo cuando existe autorización en tal sentido (excepciones de permisión). Cuando deja de expresar un valor de retribución razonable en función del cargo que desempeña el agente o importa la pérdida de su posición en el escalafón(216). uu CAPÍTULO XII LA INTERVENCIÓN ESTATAL A FAVOR DE LOS PARTICULARES . ¿Es posible diferenciar entre delitos e infracciones según la gravedad del castigo a aplicar? Cabe aclarar en este punto que, según el criterio de la Corte, la declaración delEstado de que un inmueble está sujeto a expropiación "no crea un derecho a favor del propietario para obligar a aquél a hacerla efectiva" salvo que medie ocupación del inmueble, privación de su uso o restricción del dominio(86). Sin embargo, esto no es enteramente así porque existen excepciones y consecuentemente no es posible decir razonablemente que cualquier conducta de sus agentes sea realmente estatal. Cuando del cálculo semestral del MMC resulte una variación igual o superior a más/menos cinco por ciento, el ENRE iniciará un procedimiento de revisión, mediante el cual evaluará la real magnitud de la variación de los costos de explotación y del plan de inversiones asociado, determinando si corresponde el ajuste de los ingresos del concesionario". Por otro lado, las competencias exclusivas no son objeto de controversias por su simplicidad y, por último, las concurrentes y superpuestas son inexistentes en este escenario jurídico. Las limitaciones relativas pueden situarse en un arco de menor a mayor, es decir, el simple registro por ejemplo está ubicado en el extremo menor y las autorizaciones estatales en el otro (mayor). El Presidente, según la Constitución de 1853/60, ejercía las siguientes competencias en términos expresos: a) nombraba a los jueces de la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores con el acuerdo del Senado, b) podía indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, c) concedía jubilaciones, retiros, licencias y pensiones, nombraba y removía a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado, d) nombraba y removía por sí solo a los ministros y a los empleados cuyo nombramiento no estaba reglado de otra forma por la Constitución, e) hacía anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, f) prorrogaba las sesiones ordinarias o convocaba a sesiones extraordinarias, g) hacía recaudar las rentas de la Nación y disponía su inversión, h) concluía, firmaba y ratificaba los tratados, i) ejercía la jefatura de las fuerzas armadas, j) proveía por sí solo los empleos militares y, en el caso de los oficiales superiores, debía hacerlo con el acuerdo del Senado, k) disponía de las fuerzas armadas, l) declaraba la guerra con autorización del Congreso, ll) declaraba en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación con el acuerdo del Senado, m) podía requerir informes a los funcionarios públicos, n) podía ausentarse del país con permiso del Congreso y ñ) decretaba la intervención federal con acuerdo del Congreso. Continue Reading. En otros términos, el criterio de unidad es posible por el postulado jerárquico pero cuando éste no procede porque por ejemplo no existe identidad de funciones materiales entonces es necesario utilizar los postulados de cooperación y coordinación con el objeto de "hilar" las conductas de los órganos estatales. El caso Aerolíneas Argentinas Conclusiones XXII.4. En efecto, en el precedente "Cullen c. Llerena" del año 1893, el Tribunal se declaró incompetente en tanto en el proceso judicial se discutió cómo el Congreso interpretó el artículo 61 de la Constitución. La concesión es, entonces, el contrato que tiene por objeto transferir la gestión del servicio público a manos de los particulares (trátese de personas físicas o jurídicas). Informo a usted que con fecha 21 de julio del presente año se entrega en tiempo y forma los trabajos. En síntesis, el Estado es accionista de algunas de las principales empresas del país(211) . ¿Las funciones administrativas son servicios públicos? Por su parte, el decreto 1023/01 establece el carácter contractual de las relaciones de empleo público(6) . En los apartados anteriores analizamos cuánto debe regular, es decir, su densidad y, en este contexto, de qué modo debe hacerlo respecto de las conductas (infracciones). Entre nosotros, entonces, el sistema es básicamente centralizado con matices o técnicas de descentralización. En igual sentido se expidió la Cámara Federal en pleno en el siguiente caso. En primer lugar, debe analizarse cuál es el curso de los trámites y luego entrelazar los aspectos sustanciales. Supongamos que las reglas son claras y que tales caracteres son extraños respecto de los entes autárquicos. En el caso de las sociedades anónimas estatales debe aplicarse el Derecho Público, luego veremos con qué alcance. BREVE MENCIÓN DE OTROS REGÍMENES ESPECIALES VI.1. Este es el conflicto más común en el marco del régimen sancionador. 4- El régimen de inversiones extranjeras. Las construcciones dogmáticas desarrolladas históricamente y que hemos descripto brevemente en los párrafos anteriores, en particular el criterio mixto con sus más variados matices, permite configurar el concepto bajo estudio, quizás forzadamente, con los siguientes elementos básicos, (a) el sujeto estatal, (b) el régimen jurídico, es decir, el Derecho Público y, por último, (c) el interés colectivo. Finalmente es posible que los bienes del dominio público estén destinados al uso exclusivo del propio Estado. En el sector del agua, el marco regulador dice que los derechos de los usuarios son, entre otros, recibir los servicios de agua potable y desagües desde el momento en que éstos estén disponibles para su uso, exigir del concesionario la prestación de servicios según los niveles de calidad pautados, recurrir ante el ente regulador cuando el nivel del servicio sea inferior a aquel que corresponde y el concesionario no solucione debidamente el reclamo y recibir información general sobre los servicios, particularmente ser informados sobre los cortes de servicio programados y con suficiente anterioridad. En particular, respecto de los poderes exclusivos compete a los Estados provinciales, salvo que se trate de intereses colectivos del Estado nacional por delegación de aquéllos. En el sector eléctrico el plazo de concesión de los servicios de transporte y distribución es de noventa y cinco años. El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que regulan las funciones del Poder Ejecutivo. Otro antecedente importante en este marco es el caso "Hagelin" (224). XXI.3. A su vez, la ley 26.221 dispone que "el servicio público regulado por el presente Marco Regulatorio se define como la captación y potabilización de agua cruda, transporte, distribución y comercialización de agua potable; la colección, transporte, tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales, incluyéndose también aquellos efluentes industriales que el régimen vigente permita se viertan al sistema cloacal y su fiscalización"(12) . El límite depende de las circunstancias de cada caso y del derecho de que se trate. Las Provincias XXI.2. Tercero. Finalmente, adujo el Tribunal, "tampoco puede prosperar el agravio relativo a que mediante el dictado de la R.G. Los lineamientos básicos de la organización administrativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En el fallo "Video Club Dreams", la Corte sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad sobre materia tributaria, trátese de cuestiones sustanciales tales como la fijación de la base imponible y la alícuota o el procedimiento. En igual sentido, con este alcance sumamente limitado del papel del Jefe de Gabinete, la Procuración del Tesoro, órgano asesor del Poder Ejecutivo, dijo por medio de sus dictámenes que el Presidente es el superior jerárquico del Jefe de Gabinete y que éste, a su vez, es un par más entre los ministros porque la reforma constitucional, según el criterio del órgano citado, no ha introducido modificaciones sustanciales en el régimen de gobierno de nuestro país(106) . A su vez, dijo que la distinción "entre la sustancia de un acto jurídico y sus efectos contribuye a la transparencia de la doctrina de la legislación de emergencia, admitiendo la constitucionalidad de la que restringe temporalmente el momento de ejecución del contrato o la sentencia, manteniendo incólume y en su integridad la sustancia de los mismos". En tal sentido creemos que el mandato del Legislador y el simple deber del Ejecutivo de hacerlo cumplir, no puede razonablemente interpretarse por sí solo como un supuesto de habilitación del poder sancionador. derecho constitucional. LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN ESTATAL El Estado como organización burocrática nació junto con el concepto del Estado moderno, es decir, en el siglo XV y logró luego consolidarse en el nuevo esquema del Estado Liberal como consecuencia del crecimiento de sus funciones y estructuras. VI. Cabe reflexionar también sobre la responsabilidad del Estado respecto de las conductas de los concesionarios. ¿Puede quizás sostenerse que el Estado debe indemnizar porque existe el derecho preexistente de las personas? Este modelo se apoya en los incentivos (productividad) más que en los costos del servicio y prevé niveles máximos de precios fijos durante un determinado período que se incrementan en razón de la inflación mediante un factor basado en el índice de precios minoristas. En este último caso (inexistencia del hecho) la decisión judicial impide continuar con el procedimiento administrativo(120) . Sin embargo, como conclusión de este apartado, cabe señalar que sólo alrededor de 28.000 agentes están comprendidos en el Sistema profesional(69) . Las tarifas públicas. Así, los órganos de control dependieron directamente o, en ciertos casos, por caminos oblicuos del propio Ejecutivo, es decir, del poder controlado. El Legislador establece las reglas particularizadas del servicio, no pudiendo extenderse sobre el resto de los servicios públicos(39), 1.5. Su Presidente es elegido entre los directores representantes del Estado. Creemos que en supuestos excepcionales el Estado puede avanzar más y más, pero en ningún caso avasallar el capital invertido por el prestador. Por ejemplo, si son parientes el Alcalde y un Síndico o Concejal se tendrá por electo al Alcalde. CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA. Es decir, tal como creemos y así surge de la ley específica, la competencia es un aspecto sumamente relevante en términos jurídicos. Los entes descentralizados autárquicos y no autárquicos no pueden, en principio, dictar normas sino que ello corresponde al Presidente o sus órganos inferiores. Aprobar préstamos internos o externos y la emisión de bonos. Entonces "establecido que es éste el proceso en el que debe realizarse el reajuste equitativo y tomando en cuenta las consideraciones expuestas en relación al desequilibrio producido, puede extraerse también como conclusión válida para poner fin a la controversia en materia de pesificación, una solución que imponga distribuir las consecuencias patrimoniales derivadas de la variación cambiaria, doctrina que al presente ha sido aceptada en forma mayoritaria por los tribunales nacionales". Así, en este contexto y por esas razones, el convencional creó órganos de regulación independientes que ejercen, según el mandato constitucional, facultades legislativas. Los principios sustanciales aplicables. VI.4. En verdad el órgano institucional de control, según el régimen jurídico vigente en aquel entonces, era el Fiscal de Investigaciones administrativas. En cuanto al control judicial del "estado de emergencia", entendemos que la Corte ha hecho una interpretación bastante ambivalente, es decir, en ciertos casos aceptó lisa y llanamente el control sobre las circunstancias de hecho constitutivas del llamado estado de exce pción y en otros casos no fue así. Porque ciertas disposiciones se superponen y mucho, en particular, las cláusulas de las leyes de lealtad comercial y defensa del usuario y consumidor. ¿Acaso es así porque existe un título jurídico de intervención estatal llamado servicio público que permite mayor ordenación, regulación, dirección, control e intromisión estatal entre derechos? El titular del bien gravado tiene derecho a ser indemnizado por el menoscabo del carácter exclusivo de su derecho de propiedad. ¿Cuál es el poder constituido competente? (c) El ingreso discrecional. Particularmente, el Legislador trasladó en el Ejecutivo el poder de otorgar el contrato de concesión y sus sucesivas prórrogas. En igual sentido es importante recordar otros tratados sobre el fundamento del poder de ordenación y regulación del Estado que es parte de nuestro derecho positivo. El caso Nucleoeléctrica Argentina S.A. 2. Por nuestro lado, y tal como adelantamos en el párrafo anterior, creemos que más allá de las exclusiones del Legislador debemos aplicar los principios del Derecho Público , en particular aquellos que nacen del marco constitucional y los tratados internacionales. Finalmente, cabe señalar que las observaciones no tienen alcance vinculante(267) . Las regulaciones. Es decir, "el Congreso fijó una pauta precisa, que fue desatendida por el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 214/2002. 4) Sin embargo, el carácter autonómico es un concepto indeterminado. ¿Cuál es el vínculo entre el Estado y el beneficiario? Así, por ejemplo, se definió el estado de necesidad como una cuestión de hecho que debe manifestarse en forma súbita y aguda(142) . En segundo lugar, pensemos que en el ámbito sancionador existen ciertos aspectos vedados constitucionalmente, por caso, las medidas privativas de la libertad porque éstas sólo pueden ser ordenadas por el juez. En síntesis, el cuadro debe pintarse con los siguientes trazos: (1)el reconocimiento específico y por ley de las potestades de regulación estatal.Así, la potestad estatal debe surgir de un texto aprobado por el Congreso de modo claro y preciso. Es decir, el titular puede obtener ciertas autorizaciones, pero no las otras; en cuyo caso no puede ejercer su derecho. Veamos. El uso de la fuerza pública. Como ya dijimos la servidumbre es una limitación del derecho de propiedad que recae sobre el carácter exclusivo del dominio y, consecuentemente, produce el quiebre en el derecho porque éste es repartido y, luego, compartido entre el titular y los terceros. De todos modos el criterio igualitario no impide que se establezcan ciertas condiciones de acceso razonables y no discriminatorias. Entonces, el derecho a la estabilidad de los agentes es relativo porque debemos excluir las funciones ejecutivas y de jefatura (estabilidad en su ejercicio por tiempo determinado) y los despidos por supresión de cargos y funciones (por causas no imputables a los agentes). Por ejemplo, en el caso de los entes reguladores de los servicios del gas y la electricidad y según los marcos legales respectivos, su personal debe regirse por el Derecho Laboral (LCT). La irretroactividad. Quizás éste sea uno de los puntos divergentes más sustanciales entre los dos modelos de control. Por un lado, el título de habilitación es sólo el sustento inmediato ya que en todos los casos el fundamento subyacente es el conjunto de derechos y su reconocimiento. El fundamento es, entre otros y básicamente, el artículo 42, CN, que dice que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno". El concepto. Estos contratos debían asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad del concesionario no excediese una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por él y la utilidad neta obtenida por la concesión. Este último proceso es conocido como desregulación estatal. Sigamos. El decreto 1023/01 incluye expresamente en su campo de aplicación a las "concesiones de uso de bienes del dominio público y privado del Estado nacional"(34) . Por nuestro lado, creemos que los dos jueces deben juzgar el encuadre jurídico siempre que el hecho haya existido, y si ambas resoluciones judiciales fuesen condenatorias, sólo cabe aplicar el fallo penal porque los intereses protegidos son más relevantes en el campo propio del Derecho Penal que en el terreno sancionador. (A) La legitimación activa Los sujetos que pueden cuestionar judicialmente, según las reglas en vigor, las conductas de los entes son los agentes del sistema en los términos de los marcos reguladores, los usuarios titulares de derechos subjetivos y derechos que inciden de modo colectivo, las asociaciones intermedias y, por último, el Defensor del Pueblo(144) . Las normas jurídicas específicas sobre competencias definen el objeto y luego se desarrollan con mayor o menor concreción. En primer lugar, el Jefe de Gabinete debe nombrar a todos los agentes públicos, salvo aquellos cuyo nombramiento esté reglado de otro modo (los agentes cuya designación corresponde constitucionalmente al Presidente). En el antecedente "Telefónica de Argentina S.A. s/acción de inconstitucionalidad" del año 2007 la Corte se expidió sobre la facultad de las Provincias de dictar normas sobre defensa del consumidor que alcancen a las actividades reguladas por la Nación (en el caso, el servicio público telefónico). ORGANISMO LEGISLATIVO. El procedimiento preveía, entre otras cuestiones, los objetivos, los alcances y el proceso de negociación de los acuerdos. En particular, éste transfirió en el Ejecutivo las siguientes potestades: a) establecer la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, b) reestructurar las deudas con el sector financiero, c) establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras y d) disponer las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas. En el sector del agua, el Legislador dice que el régimen de las tarifas debe ajustarse según los siguientes principios y criterios: "a) será uniforme para la misma modalidad de prestación según el área servida, conforme se establezca en el Régimen Tarifario. En otras palabras y en términos más sintéticos, el Estado ejerce la titularidad del servicio porque él es quien debe organizarlo y el régimen jurídico aplicable sobre ese servicio es el Derecho Público. La Administración históricamente ha sido considerada como una estructura propia pero cuya conducción corresponde al Gobierno constituyendo entre ambos una unidad. Los ministros, al igual que en el régimen actual, eran designados por el Presidente y removidos por éste o por el Congreso a través del proceso de juicio político. Por ejemplo, el Tribunal dijo que "la expresión en beneficio de una persona jurídica —única utilizada por la nombrada ley para establecer los casos en que un ente de esa naturaleza pueda ser responsabilizado por infracción a su régimen— no es equiparable a provecho económico, sino a la realización por personas físicas, cualquiera sea su vínculo con la persona jurídica, de actos que sean imputables al sujeto de existencia ideal"(116) . Igual que en el caso que mencionamos en el párrafo anterior, en el trámite de designación y remoción de los miembros del directorio debe intervenir la comisión competente del Congreso(108) . Sin embargo, como ya sabemos y hemos repetido insistentemente, el interés colectivo siempre está presente en el marco de cualquier actividad estatal, de modo que este aspecto es claramente deficiente por sí solo en el camino que nos hemos trazado de definir el concepto del servicio público. Sin embargo, si bien el interés perseguido es colectivo, cierto es que las políticas estatales de regulación favorecen habitualmente ciertos sectores de modo inmediato, por caso y según los ejemplos judiciales antes analizados, los inquilinos y los deudores hipotecarios, entre otros. Detengámonos unos momentos en estos asuntos. ¿Cómo debe interpretarse el modelo jurídico? Pero, ¿cuál es el riesgo? Sin embargo, la participación del Estado debe tener carácter legal o estatutario y esto permite distinguir sustancialmente las sociedades de economía mixta de las sociedades anónimas con participación del Estado alcanzadas por la ley de sociedades comerciales (ley 19.550). El aporte estatal puede consistir, entre otros, en la concesión de privilegios de exclusividad o monopolio, exención de impuestos, garantías, subvenciones, anticipos financieros y aportes de carácter patrimonial. 2004) y que, consecuentemente, están exceptuados de la aplicación del marco de regulación del empleo público (ley 25.164)(11) . Otro aspecto sumamente controvertido es el tipo de relación entre el Jefe de Gabinete y los Ministros, planteándose al respecto dos interpretaciones en principio plausibles, a saber, a) el Jefe de Gabinete es uno más entre los ministros del Ejecutivo y b) el Jefe de Gabinete es el órgano jerárquico superior de los Ministros. Por ello, una de las cuestiones controversiales más relevantes antes de la reforma de la ley fue qué normas debíamos aplicar en relación con los servicios públicos domiciliarios, esto es: 1) la ley del usuario y consumidor (ley 24.240), o 2) la ley específica del servicio de que se trate —por ejemplo, respecto del servicio eléctrico, el marco regulador (ley 24.065)— con exclusión o aplicación supletoria de la ley 24.240. En conclusión, el régimen de los fondos fiduciarios tiene dos caracteres jurídicamente reprochables. Es decir, cómo se regule el servicio en determinado momento, sin perjuicio de los principios y derechos que nacen del propio bloque de constitucionalidad. II. En este sentido, la Corte desestimó el argumento de la Cámara según el cual la renegociación de contratos autorizada por los arts. Veamos. Entendemos que el Ejecutivo puede hacerlo, es decir, la ley o el reglamento indistintamente pueden establecer cuál es el órgano específico competente para aplicar el régimen sancionador. Antes de avanzar más, cabe aclarar que las limitaciones sobre la propiedad privada pueden estar fundadas en razones de interés privado o público. En el primer caso ya hemos estudiado cuál es el límite y cuáles son sus consecuencias, esto es, si el Estado traspasó el límite entonces el acto es inconstitucional. Más información. Recordemos, entonces, que el cuadro es, según nuestro criterio, el siguiente: 1) el Estado puede reglamentar los derechos, es decir, limitar su ejercicio pero no puede alterar su contenido, 2) si el Estado so pretexto de reglamentación de los derechos altera su contenido, entonces, el acto es inconstitucional, 3) en el caso específico del derecho de propiedad, el Estado puede alterarlo pero debe indemnizar al titular. El superior jerárquico puede con respecto al órgano inferior, en principio y en términos teóricos: a) designar y remover al agente que ocupa el órgano inferior, b) dictar instrucciones de alcance general mediante resoluciones, planes o programas, c) dar órdenes de alcance particular respecto de asuntos concretos, d) coordinar las funciones de órganos inferiores entre sí de modo de darle unidad de acción, e) controlar o fiscalizar el desempeño del inferior, f) aplicar sanciones al inferior, según el régimen vigente, g) transferir competencias propias en el órgano inferior (delegar), h) avocarse respecto de cuestiones propias del inferior, i) revocar, modificar o sustituir los actos del inferior por petición de parte interesada a través de los recursos administrativos por razones de legalidad u oportunidad y, por último, j) resolver los conflictos de competencias entre órganos inferiores, siempre que sea el superior jerárquico común respecto de ambos. En el antecedente "Ramos" el actor fue contratado por la Armada Argentina por el término de veintiún años mediante sucesivos contratos. Sin dudas, el concepto básico es que el estado de emergencia está sujeto en el marco de un Estado Democrático Derecho a los mismos principios que en épocas normales(182). A su vez, otorgó un nuevo plazo por otros 120 días para ejercer la opción de ingresar en el sistema de refinanciación hipotecaria. Por el otro, el actor, en el marco de este proceso judicial inverso ya no es el sujeto expropiador sino el expropiado que, insistimos, inicia la acción con el objeto de que avance y concluya el trámite de expropiación. 3. ¿Qué régimen aplicamos? Así, "puede afirmarse que la regla ha sido el agravamiento sustancial, con mayor o menor intensidad, de la posición de quienes habían asumido obligaciones en moneda extranjera. ¿El criterio legal vigente que establece las bases del régimen universitario es constitucional o no? ¿Cuáles son las medidas de fomento? Los órganos estatales.— XIII. Las declaraciones deben ser recibidas por los respectivos organismos que deben remitir la información a la Comisión Nacional de Etica Pública y a la Oficina Anticorrupción. La renegociación de los contratos de privatización de los servicios públicos. Ahora bien, como adelantamos, las prestaciones positivas se clasifican en servicios y fomento . A su vez, el servicio social satisface de modo directo los derechos básicos y fundamentales como por ejemplo el servicio de salud o educación de todos y sus respectivos derechos. La identidad debe recaer sobre el fundamento, el sujeto y el objeto. En este caso no se trata simplemente de que el Estado anote, registre u homologue el cumplimiento de los recaudos legales sino de algo más, esto es unplusestatal que es, por cierto, más complejo (el acto de autorización). Las autorizaciones o habilitaciones plantean ciertas dificultades jurídicas, a saber, 1- el procedimiento y, particularmente, el sentido del silencio estatal, 2- el criterio o pautas de otorgamiento en caso de que su número sea limitado y 3- su transmisión entre particulares. ¿Cuáles fueron los argumentos para oponerse a la competencia del ente regulador? En principio el poder de dirección está presente cuando el órgano inferior (es decir, el órgano dirigido) ejerce funciones de decisión, asesoramiento o de carácter técnico por su especialidad o imparcialidad. En el primer caso, el acento está puesto en el sujeto prestatario del servicio e incluso en el modo de organización y en el segundo el punto de interés es la actividad material desarrollada por el prestador, más allá el carácter o cualidades de este último(4) . Posteriormente, la ley 25.565 del año 2002, que modificó la ley 25.152 sobre Administración de los Recursos Públicos estableció que "toda creación de organismo descentralizado , empresa pública de cualquier naturaleza y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional requerirá del dictado de una ley ". En igual sentido, los agentes que trabajan en las empresas y sociedades del Estado. ¿Cuáles son esos matices? Económicas. (e) En el mes de abril del 2005 el Congreso aprobó la creación de la sociedad satelital ARSAT (ley 26.092). Así, el ministro ejerce las potestades A, B, C y D en términos generales e inespecíficos; el secretario de Estado, B, C y D en términos más específicos; el subsecretario C y D y así sucesivamente. En el esquema de la teoría del órgano el modelo es mucho más sencillo. Este principio constitucional también se mete en los aspectos de regulación y aplicación del régimen sancionador. Además, la excesiva discrecionalidad en este campo conspira contra la transparencia que debe caracterizar la asignación de beneficios. Estas medidas fueron conocidas como el "corralito" (restricción parcial) y, posteriormente completadas por el "corralón" (restricción total). Sin embargo, si el acto es dictado por el propio ente, entonces no interviene el Jefe de Gabinete que, por demás, no debe elevarlo. Además, junto con estos marcos jurídicos coexisten innumerables escalafones especiales y multiplicidad de cuadros salariales(16) . En particular, el decreto dispone que "la suscripción de los acuerdos deberá hallarse precedida por el desarrollo de una instancia de consulta pública que posibilite la participación de los usuarios en el proceso decisorio, correspondiendo a la UNIREN determinar los procedimientos y mecanismos que resulten adecuados para implementar dicha consulta pública"(244) . Distinto fue el caso planteado en el precedente "Metalmecánica" ya que aquí el acuerdo entre las partes fue determinante del régimen de promoción industrial, creándose así un vínculo bilateral(21) . A su vez, sólo prevé el recurso de alzada respecto de las resoluciones y no así en relación con los actos sancionadores (Capítulo XV sobre contravenciones y sanciones)(138) . El tipo de control era básicamente de legalidad. Además, la Corte agregó que el hecho de que el particular no requiera la asistencia de un letrado durante su declaración en el expediente administrativo no puede interpretarse como su renuncia a esa garantía respecto de las otras instancias del proceso(131) . Es decir, los bienes deben transferirse al Estado libre de toda deuda, gravamen y embargo. Así, son beneficiarios del fideicomiso entre otros "a) los concesionarios viales de conformidad con lo establecido en el inciso a del artículo 23 del presente decreto...; d) las empresas concesionarias de los corredores de la red vial nacional que resulten adjudicatarias en virtud de los dispuesto por el decreto 425 de fecha 25 de julio de 2003 y por resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 60 de fecha 19 de agosto de 2003". Es decir, cuando el Ejecutivo aplica el régimen sancionador ejerce potestades materiales administrativas o judiciales. ¿Qué aspectos del servicio están en verdad gobernados por el Derecho Público? A veces la ley distingue entre estas dos figuras, por ejemplo, el caso de la responsabilidad del titular del vehículo cuando conduce un tercero. En el marco del Derecho Público se rechazó el traslado indirecto de imputación de las conductas quizás propio del Derecho Civil porque el agente, su voluntad y el órgano son el propio Estado constituyendo un concepto único. Con el propósito de distinguir entre ambas categorías, esto es, personas jurídicas públicas y privadas, se han desarrollado diversas teorías, entre ellas, vale citar, el origen o creación por ley o decisión de sus propios miembros, las finalidades de carácter público en términos inmediatos o mediatos, las prerrogativas estatales, la prestación de servicios públicos, las formas solemnes, el control estatal y el origen público o privado de sus recursos. Es decir, el Estado ya no sólo intervino por razones de seguridad sino también de economía o decoro. En la causa "Risolía de Ocampo" del año 2000, la Corte sostuvo que "uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos... Que el extremo apuntado en el considerando anterior no se cumple en el caso, pues no se advierte de qué forma la crisis económica que atraviesan las empresas prestadoras de servicios públicos de pasajeros y las compañías aseguradoras de dichas entidades por el servicio mencionado afecta a los intereses generales de la sociedad"(158) . De este modo, el Estado inició el proceso para traspasar la concesión del servicio. LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES PÚBLICOS. XIII.2. Recordemos además que uno de los elementos del acto administrativo es la competencia y que el "acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable... cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas(35) . Por eso, muchos creen que es razonable unificar el régimen jurídico sobre las técnicas de concesión, licencia y permiso y la consiguiente aplicación de ese régimen a los servicios públicos privatizados(181) . Así, razones de justicia y equidad autorizaban en el caso a aplicar por analogía el art. La Ley de Defensa del Usuario y Consumidor, Ley de Defensa de la Competencia y Ley de Lealtad Comercial. Las funciones estatales. ¿En qué consisten esas prerrogativas? Ese campo no reductible e indisponible es el conjunto de condiciones o caracteres que nos permiten reconocer al derecho como tal y sin cuya presencia no es posible identificarlo. Pero, ¿es una aplicación lisa y llana o con matices? ¿Cabe, en tal caso, calificarlo igualmente como servicio público y, consecuentemente, aplicar el marco jurídico constitucional y en particular el poder estatal de regulación y control? El Ejecutivo puede completar a través del reglamento pero no por medio de actos singulares porque en tal caso se desconoce el principio de igualdad. El Congreso y las legislaturas provinciales. Módulo A Unidad 1 Y 2 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | 2019 Página 12 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Es la ejercida por los entes administrativos de carácter departamental, como por ejemplo los Gobernadores Departamentales, que son nombrados por el Presidente de la República cuya principal función es la de representar al Presidente de la República en el Departamento a donde están asignados. Civil, señala que "el derecho de propiedad se extingue de una manera absoluta por la destrucción o consumo total de la cosa que estaba sometida a él, o cuando la cosa es puesta fuera del comercio". ¿Cuál es el mandato jurídico? Para Escriche, por Administración Pública se entiende la parte de la autoridad pública que cuida de las personas y bienes en sus relaciones con el Estado, haciéndolos concurrir al bien común y ejecutando las leyes de interés general, a diferencia de la justicia, que tiene por objeto las personas y bienes en sus relaciones particulares de individuo a individuo aplicando las leyes de interés privado; la Administración considera a los hombres como miembros del Estado, la justicia como individuos, Se ejerce ésta por los jueces, audiencias y cortes o tribunales supremos; y aquella por el Jefe de Estado, los Ministros, Gobernadores, diputaciones, Alcaldes y ayuntamientos.” (Cabanellas, G. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Pág. Por ejemplo, el personal alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo y las personas contratadas por tiempo indeterminado o prórrogas sucesivas, además de las pasantías. Por su vínculo dependiente del Estado central en términos de control. Si son parientes el Concejal primero y el Concejal Tercero, se tendrá por electo al Concejal Primero (Artículo 45 del Código Municipal). LOS LÍMITES DEL PODER ESTATAL DE REGULACIÓN Creemos que es posible observar ciertas reglas constitucionales que nos dicen cuál es el límite del poder estatal sobre el recorte de los derechos. Cerremos el apartado con este interrogante ¿cuál es el poder territorial competente para crear y regular las servidumbres? Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Si esta obligación reconocida judicialmente estaba alcanzada por ese régimen jurídico, entonces, el actor sólo podía cobrar por las siguientes vías (a) previsión en el presupuesto del Estado por un período que no podía exceder los dieciséis años, o (b) el canje por títulos o bon os de la deuda rescatados por el Estado en el término de dieciséis años. Primero. En particular, la ley establece que "las relaciones laborales de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado se regirán de acuerdo al régimen legal establecido por la ley 20.744". Creemos que es así porque existe un sustrato común entre ellos, es decir el empleo (público o privado) es una relación vincular entre el empleador y el empleado, sin perjuicio de sus matices. Pero, sin perjuicio de ello, debemos incluir el concepto de las tarifas sociales. Las distinciones son razonables sin embargo en los hechos y en el mundo del derecho estos conceptos, como ya adelantamos, son utilizados indistintamente. ¿Debía, entonces, interpretarse que, en virtud del concepto de autonomía universitaria y de la sanción de la ley 23.068, el recurso de alzada que preveía el decreto 1759/1972 contra los actos de la Universidad era inconstitucional? El régimen aplicable es obviamente el Derecho Privado; esto es, básicamente, la ley 19.550 salvo en ciertos aspectos, por ejemplo la designación de los representantes del Estado. Así, por ejemplo es posible decir que el servicio público es un servicio prestado en condiciones de monopolio, sin embargo existen claros ejemplos de servicios prestados en situaciones de concurrencia entre los operadores del mercado. Este decreto establece el cobro de "una tasa sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, cuyo valor será de pesos cero coma cero cinco ($ 0,05) por litro". Por su parte, las Provincias, además de ejercer las potestades no delegadas en el Estado federal según el artículo 121 del texto constitucional (poderes exclusivos) y el dictado de normas complementarias en el campo educativo y ambiental (poderes compartidos) pueden promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos (artículo 125, CN). Cabe destacar que la ineficiencia del prestador disminuye sus ganancias de modo que, a diferencia del sistema de tasa de retorno, la sobreinversión recae sobre la empresa y no sobre el usuario(214) . Finalmente, LAFSA fue disuelta por decreto 1672/09 del Poder Ejecutivo. En sentido concordante y desde otras perspectivas, el Legislador ordenó que la planificación y ejecución de las políticas públicas del sector respeten los derechos de los usuarios. En nuestro criterio el Tribunal sostuvo aquí el concepto de especialidad porque la competencia para resolver las controversias, en razón del artículo 72 de la respectiva ley, debe interpretarse según el fin que persigue el Ente. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino"(235) . Creemos que el campo de las personas públicas no estatales debe redefinirse y ampliarse en nuestro derecho, por ejemplo, respecto de los sujetos titulares de los medios de comunicación oficial y los propios entes de regulación de los servicios públicos porque ambos persiguen intereses colectivos y de modo directo pero distanciándose del poder gubernamental con el propósito de cumplir sus cometidos con criterios propios e independientes(55) . Definición de emergencia.— XIII. Por el otro, las sociedades anónimas estatales no persiguen beneficios estrictamente económicos (individuales o corporativos) sino intereses colectivos. (K) El decreto 1570/01 que creó el régimen de indisponibilidad de los depósitos bancarios y la ley 25.557. En este caso, el actor adujo que por los mismos hechos que dieron lugar al trámite administrativo estaba siendo juzgado en sede penal. Este artículo del Código no fue modificado por la ley 17.711 en el año 1968. En igual sentido, el basamento sociológico del municipio (población) coincide conceptualmente con el postulado de que sus resoluciones deben aplicarse sobre todos los habitantes de su circunscripción territorial. Por último, el Ejecutivo dispuso que "el Estado nacional acordará con la Provincia de Santa Cruz el destino final del complejo carbonífero y ferroportuario". ¿Cómo es el modelo de resolución de las controversias? La Constitución prevé expresamente el dictado de leyes que tienen por objeto el desarrollo y bienestar y contempla como aspectos más específicos, entre otros, la promoción de la industria y el estímulo del desarrollo científico y tecnológico. Por otro lado, en tanto la utilidad se fija como un porcentaje máximo del capital invertido, el sistema no incentiva la gestión eficiente del servicio e incluso el prestador puede aumentar desmedidamente la inversión en activos fijos pues, al aumentar la base sobre la cual se aplica la tasa de retorno, incrementa las ganancias(210) . 14, 14 bis, 16, 17, 18, 33, 41, 42, 43, entre otros). ¿Cuál de los dos debe intervenir para resolver ese asunto? Los incisos a) al r) inclusive del precepto antes citado establecen las competencias expresas del ENRE y, por su parte, el inciso s) introduce el concepto de especialidad. Los recursos del fondo provendrán de un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte, por cada metro cúbico de 9300 KC, que se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman o comercialicen. El Ejecutivo debe informar trimestralmente al Congreso. Por eso, el bloque jurídico debe ser, en parte, el Derecho Privado cuando así es dicho por el propio Legislador en el texto normativo y, luego, el Derecho Público. Finalmente la ley establece una serie de competencias especiales dentro de las cuales se encuentra la facultad de disponer exámenes periciales pudiendo en tal caso requerir la colaboración de las reparticiones o funcionarios públicos e informar al Procurador General de la Nación cuando la investigación pudiera obstaculizarse por la permanencia en funciones de ministros, secretarios de Estado o funcionarios con jerarquía equivalente o superior a éstos. Acto administrativo • Acto jurídico - Manifestación de voluntad/deseo - Manifestación de juicio/conocimiento • Unilateral - No necesitan el concurso de otro sujeto como los contratos o los convenios • No normativo - Los reglamentos tienen otra naturaleza y régimen jurídico • De la Administración Pública - También de sujetos que no son AP en s. e. pero que actúan . Veamos cómo hacerlo. Este criterio comprende las conductas, sanciones, prescripción e incluso los presupuestos de responsabilidad. La Corte se expidió en el precedente "Lapiduz". 3) Excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención. To learn more, view our Privacy Policy. En términos simples y sencillos, la desconcentración es la herramienta de distribución de competencias estatales en órganos que integran el Estado central; mientras que la descentralización es otro instrumento de traslado de competencias pero no en órganos, sino en entes estatales que componen el Estado llamado descentralizado(79) . LOS DEBERES: CARGAS Y OBLIGACIONES Las limitaciones o restricciones que impone el Estado constituyen deberes de las personas, sin perjuicio de sus derechos que han sido objeto de estudio en el segundo capítulo de este Tratado. Antes o después, cambios en las relaciones sociales de poder se traducen en nuevos diseños institucionales y en modificaciones en la gestión pública. Este campo es claramente distinto de los entes descentralizados. Digamos también que el sentido de clasificar es encontrar el punto medio entre géneros y especies. El Gobierno debe completar y aplicar las políticas públicas definidas por el Congreso y en tal sentido ordenar la Administración Pública. En particular, la ley dice que en caso de lagunas en el bloque normativo (integrado por la propia ley, los estatutos y las reglamentaciones) debe aplicarse la Ley de Contabilidad, actualmente derogada por la Ley de Administración Financiera (ley 24.156) y la Ley de Obras Públicas (ley 13.064). Entre los casos típicos de servidumbres es posible citar el camino de sirga, electroducto, acueducto, minero, fronteras, monumentos y documentos históricos, entre otros. Aun así, también es cierto que el régimen no es parlamentario porque el Ejecutivo no está desdoblado en términos claros, el Congreso no aprueba el plan de gobierno, el Jefe de Gabinete es designado sin intervención del Congreso y puede ser removido por el Presidente y, finalmente, las Cámaras no pueden ser disueltas por éste(101) . El precepto legal sancionador es constitucional cuando puede ser aplicado por sí mismo porque en tal caso cumple con los presupuestos mínimos esenciales. El caso ENARSA Otro caso sumamente interesante es la creación de la empresa ENARSA porque no ha sido constituida como consecuencia de una rescisión contractual de concesiones otorgadas por el Estado, como sí ocurre en los ejemplos anteriores. Los entes reguladores XIII.2.1. ¿Quién fija puntualmente las tarifas? En el caso de los monopolios , el Estado debe prohibirlos o, en su caso, regularlos y controlarlos fuertemente. De todos modos es cierto que el Estado en el marco de las relaciones especiales avance más (por ejemplo prohibir a los jueces afiliarse a los partidos políticos) pero siempre que tenga sustento legal y esté apoyado en razones objetivas. La respuesta es que sí pero sin embargo es posible que el contrato no resulte económico. Veamos. Veamos, los jueces en minoría dijeron que "una medida como la que se halla a consideración del tribunal plenario debe encontrarse respaldada por una norma clara y precisa y adoptada con los recaudos y la cautela exigidos por los superiores intereses de la Nación". A su vez otros caracteres son irrelevantes en su configuración, por caso si el servicio satisface necesidades colectivas o individuales. 4- Las leyes 22.021 y 22.702 de Promoción de las Provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca, sancionadas en el año 1979, que prevén que las inversiones que se realicen dentro de determinados plazos y respecto de las actividades señaladas en la zona promocionada se deducirán de la materia imponible del impuesto a las ganancias. En este caso, el Legislador declaró en emergencia la situación económica-financiera del Estado, la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos del sector público nacional. (f) Las obligaciones y derechos de los prestatarios. Este esquema tiene dos pilares centrales, por un lado, el Gobierno por su origen y legitimidad democrática debe dirigir la Administración general del país y por ello el Presidente es el responsable político y el Jefe de Gabinete es el responsable de su ejercicio. Creemos, entonces, que el poder de la Ciudad de Buenos Aires y su extensión, en virtud del mandato del propio texto constitucional, es igual que el de los estados provinciales. El primer convenio colectivo celebrado en el marco de la ley de negociaciones colectivas estatales, fue homologado por medio del decreto 66/99. EL CONTROL DE LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS CONDUCTAS ESTATALES II.1. A su vez, después de su cese, vuelve a asesorar a las empresas privadas. XIII.2.4. Luego dijo que el ejercicio que hizo el Estado provincial del poder de regulación sobre la disposición final de los residuos no es desproporcionado con relación al fin perseguido, sino que "aparece como una legítima opción adoptada en la legislación de la provincia, sin agravio del artículo 5 de la Carta Fundamental de la Nación". ¿Por qué? Por otro lado, en el marco del Derecho Privado los otros principios le son más favorables, por ejemplo y entre otros, el principio pro operario y el carácter irrenunciable de sus derechos(51) . Concretamente, otorga la posibilidad de obtener: a) la devolución anticipada del IVA, o b) la amortización acelerada del impuesto a las ganancias. Así, este sistema tiene por objeto establecer un límite razonable de ganancias que se deben calcular multiplicando una tasa (llamada tasa de retorno) por el capital invertido. En otros términos, en el marco de los servicios públicos, el primer escalón es claramente constitucional y público; y los otros escalones pueden construirse con el Derecho Público o Privado indistintamente, y no por ello el servicio deja de ser público. Dos años cuando se trate de bienes individuales determinados, 1.2. Pero, ¿cuál es el sentido de la incorporación de esta figura en nuestro ordenamiento? El poder competente para la regulación y aplicación de las sanciones administrativas Por un lado, y como ya dijimos, el órgano competente para legislar sobre el Derecho Penal es indiscutiblemente el Congreso de la Nación, tal como surge de modo claro y concluyente del inciso 12 del artículo 75, CN. Esa provincia dispuso, además, subsidios en el costo total de los servicios de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales para organizaciones no gubernamentales que brinden asistencia y contención social a niños o menores en riesgo, en los inmuebles dedicados al cumplimiento de sus fines(226) . ¿Cuál es, entonces, el distingo entre ambos conceptos? La causa y el fin Dice la ley que el fundamento del instituto de la expropiación es la utilidad pública o el bien común de naturaleza material o espiritual. Sigamos. Las estructuras estatales.— XII. Decisión judicial, fundamentos y análisis crítico: En este antecedente están planteadas dos cuestiones que creemos relevantes, a saber, Primero, los aspectos ambientales, esto es, el tratamiento y depósito final de los residuos, Segundo, las materias de contenido administrativo y presupuestario, es decir el modo de contratación y el pago de los servicios provinciales por el tratamiento y depósito de los residuos. Así, por medio de la ley 26.352 se creó la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) "con sujeción al régimen establecido por la ley Nº 20.705, disposiciones pertinentes de la ley Nº 19.550 y modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su Estatuto, la que tendrá a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes". En cualquier caso, el Presidente debe intervenir mediante el dictado del respectivo acto de traslado de las competencias legislativas en el Jefe de Gabinete, garantizando de ese modo su responsabilidad ante el Congreso, por último, 6- el Jefe de Gabinete debe "efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al Presidente". En efecto, el Jefe de Gabinete "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras" (102) . El caso Thales La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) intimó, en el año 2002, el cumplimiento de las obligaciones al titular de la concesión del servicio de comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico (Thales) bajo apercibimiento de declarar su caducidad.