La Constitución chilena, según se ha dicho, regula este derecho al establecer, en esencia, que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale95. Nada de esto caracteriza el ejercicio del cargo por parte del jefe superior de la institución, del Secretario Regional Ministerial o del Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, que habitualmente son funcionarios de exclusiva confianza del Gobierno de turno. Por ende, en el lapso que media entre la formulación de cargos y la fecha en que el proceso queda concluido, éste puede ser conocido sólo por el funcionario inculpado y su abogado. Los cuatro elementos aparecen consolidados en la más reciente sentencia en que la Corte se refiere a este derecho fundamental, recaída en el caso Mémoli c. Argentina (2013), párrafo 172, relativo a un asunto civil. Por otra parte, el Estatuto Administrativo no contiene normas relativas al derecho del funcionario público llamado a declarar durante la etapa indagatoria de un sumario a comparecer asistido por su abogado. 73Obando (1999), p. 1, explica que la característica básica del sistema acusatorio es la división de funciones de acusar, defensa y fallo en órganos diferentes e independientes entre sí. No obstante, no existen mecanismos jurídicos que aseguren su cumplimiento, en términos que la dilación indebida carece de consecuencias en el procedimiento mismo. . Casilla: 5782 La Paz, Bolivia Mediante este contraste se podrá evaluar la regulación ofrecida por el Derecho chileno, desde la perspectiva del respeto de los derechos que permiten configurar el proceso debido. En este texto normativo se exige, de manera bastante general, por cierto, que la decisión contenida en la resolución que pone fin a un procedimiento sea fundada139. 118Artículo 182 del Código Procesal Penal, de 2000. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. [ Links ], Control de constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materias de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías (2008): Tribunal Constitucional, 28 de enero de 2008 (Control de constitucionalidad, rol Nº 1001-2007). . El único de los textos jurídicos en análisis que incluye el derecho a ser enjuiciado “dentro de un plazo razonable” de manera general es la Convención Americana120. Tales perplejidades derivan del hecho de que la ley puede no ofrecer herramientas para resolver una contradicción en casos particulares”. 42Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia (1992), párrafo 7.2. En efecto, el principio de publicidad del proceso puede referirse a quienes forman parte del proceso, de un lado, y puede referirse a terceros ajenos al mismo, de otro lado. [Visitado el: 6 de octubre de 2007]. Diario Oficial, 5 de diciembre de 1986. 128La Contraloría General de la República también ha rechazado aplicar el decaimiento del acto administrativo, aunque hayan transcurrido muchos años desde el inicio del procedimiento disciplinario sin que se hubiere resuelto el caso. . La posición no sería la misma si la sanción aplicada deriva de un procedimiento en que se han infringido de manera más o menos severa los derechos fundamentales del ámbito procesal. [Visitado el: 19 de julio de 2015]. El artículo 8.5 de la Convención Americana, por su parte, asienta el derecho a un juicio público “salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Así lo evidencia la nutrida jurisprudencia administrativa, la que se ha pronunciado reiteradamente sobre la dilación de los procesos disciplinarios. En cuanto al tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa, la Corte Interamericana ha sostenido que este derecho fundamental exige que el imputado sea notificado que tiene tal calidad antes de su primera declaración89. [Visitado el: 23 de junio de 2016]. [ Links ], Maier, Julio B. J. Esto no se debe, como se ha visto, a la actividad del legislador, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República que ha precisado el significado de una resolución motivada y ha declarado arbitrarios e ilegítimos los actos administrativos que no satisfacen aquellas exigencias. Todos estos problemas constituyen consecuencias del diseño jurídico institucional del procedimiento disciplinario, que ha asumido la estructura orgánica inquisitiva reformada. El aumento del indicador, que ya acecha el 3% espoleado por las subidas de tipos, está provocando un vuelco cada vez más pronunciado en el mercado hipotecario y laminando de forma paulatina las hipotecas fijas. Éstos, junto a otros factores (3), han supuesto que se relegue la actividad ganadera al desempeño de un papel secundario, cuando no marginal, en el conjunto de las estrategias económicas … [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. De igual manera se debe señalar el argumento largamente esgrimido de la existencia de una supuesta contradicción práctica entre ganadería y agricultura irrigada. En efecto, “el procedimiento consiste en una investigación secreta (encuesta), cuyos resultados constan por escrito, en actas que, a la postre, constituirán el material sobre la base del cual se dictará el fallo75. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Leonardo Rodríguez Sepúlveda respecto de las partes que indica del artículo 277 del Código Procesal Penal, en el marco del proceso penal RIT 2171-2010, del Juzgado de Garantía de Concepción, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Concepción por recurso de hecho en rol Nº 28-2014 (2014): Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 30 de diciembre de 2014 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 2618-2014). 52Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no se atentaba contra el principio de imparcialidad si el fiscal instructor del sumario seguido contra un funcionario municipal se presentó poco antes como testigo en un juicio seguido en contra de ese mismo funcionario y a favor de la municipalidad en que se prestaban los servicios. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.doc ... En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas 137. CONSTANCIA DE SECRETARIA: Pasó a Despacho de la Señora Juez el presente proceso EJECUTIVO, con solicitud de reconsideración por parte de la Fiduprevisora S.A. Sírvase proveer. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=22 Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-96012010000200002 A continuación se revisa cada uno de estos derechos, en una doble dimensión. 43En efecto, el artículo 134 de la Ley Nº 18.334, de 1989, inciso primero, dispone que el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales descentralizados, según corresponda, “resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso”. No obstante, la Convención Americana las menciona todas30 y la Corte Interamericana ha sostenido que constituye un principio básico del proceso justo31. [ Links ], 5.2. De nuevo surge la contradicción de que son los votantes de Podemos quienes más respaldan al presidente. No obstante, es al mismo tiempo comprensiva de las diversas circunstancias por las que puede resultar necesario limitar el derecho fundamental la publicidad del proceso por parte de terceros ajenos al mismo. La razonabilidad del plazo de enjuiciamiento no puede ser evaluada sino en relación con el caso concreto. La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que “cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas”. El autor (p. 323) incluye en el derecho a la tutela judicial (a) el derecho de acceso a la justicia, (b) el derecho a que el tribunal resuelva sus pretensiones conforme a derecho, (c) el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, y (d) el derecho al recurso legalmente previsto. 17Artículo 15, inciso segundo, de la Ley Nº 18.575, de 1986. respecto del artículo 6° de la Ley Nº 2.487, en autos sobre procedimiento voluntario de ejecución de prenda bancaria, caratulados “Banco de Crédito e Inversiones”, seguidos ante el vigésimo séptimo Juzgado Civil de Santiago bajo el rol Nº V-109-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 1 de septiembre de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2701-2014). Tal justificación no parece admisible, si se tiene en cuenta que incluso en el ámbito penal la reserva tiene una duración limitada respecto del imputado, debe extenderse a piezas determinadas y puede siempre ser objeto de control judicial118. Las subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación están enfriando poco a poco el efervescente mercado hipotecario. 78Artículo 126 de la Ley Nº 18.834, de 1989. Nos hacemos eco de opiniones, como si fueran nuestras, a partir de noticias y comentarios realizados en los medios de comunicación, sin … . Para asegurar esta independencia son necesarios, en palabras de la Corte Interamericana, resguardos como un adecuado proceso de nombramiento, una duración establecida en el cargo y una garantía contra presiones externas40. [ Links ], Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2007): “Los principios estructurales del Derecho administrativo chileno: un estudio comparativo”, en: Revista de Derecho, Universidad de Concepción, Nº 221-222, año LXXV (enero-diciembre 2007), pp. . [ Links ], Constitución de los Estados Unidos de América (1787). El derecho fundamental a un juzgador equitativo, 1.1. Como se puede advertir, la reserva respecto de terceros aparece justificada en la tutela del derecho fundamental a la honra del afectado. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, interpretando el derecho al juicio público contenido en el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “la sentencia, con inclusión de las conclusiones esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública”134. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=244 . Diario Oficial de 29 de mayo de 2003. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.doc Font considera que en octubre ya fue «visible el cambio de política de tipos de interés del BCE. 20 años de la Constitución chilena. 105La Ley Nº 18.834, de 1989 extiende el plazo para “presentar” la prueba a un máximo de tres días en la investigación sumaria y a un máximo de 20 días en el sumario administrativo (artículos 120 y 132, respectivamente). El Estatuto Administrativo nada señala respecto de la fundamentación de la resolución con que se pone término a la investigación sumaria o al sumario administrativo. Conviene advertir que en el caso de los dos primeros se establece respecto de todo proceso, mientras en el último se otorga específicamente en el ámbito penal. Las exigencias de creación por ley, con anterioridad a los hechos que debe enjuiciar y legalmente competente, si bien son relevantes, tienden a asegurar aquellas cualidades35. El Pacto contempla el derecho a ser enjuiciado “sin dilaciones indebidas121, pero limitado al ámbito penal122. El derecho fundamental a una sentencia motivada en los procedimientos disciplinarios. . [ Links ], Corte Suprema de Estados Unidos (2004): Crawford v. Washington, sentencia de 8 de marzo de 2004, Nº 02-9410 (2004), 541 U.S. 36). [Visitado el: 29 de junio de 2016]. Producción del conocimiento 1. De acuerdo con lo que se viene diciendo, el trabajo pretende responder dos preguntas. Esta última afirmación es evidentemente discutible, pero su análisis excede los objetivos de la presente investigación. . 29El artículo 14 del Pacto se refiere a cuatro de las cinco exigencias mencionadas para el juez equitativo, al requerir “un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”. Ante ello, ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y 33Al respecto textualmente sostuvo el Tribunal Constitucional de Chile, en la causa rol 2041-2011, en sentencia de 11 de diciembre de 2012, considerando octavo, que “todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea”. En efecto, el modelo inquisitivo responde a una concepción del poder, el acusado y la prueba, como explica Maier (1999), pp. 140Corte de Apelaciones de Chillán, rol Nº 320-2014, protección, sentencia de 30 de octubre de 2014, considerando 10. En el ámbito internacional el derecho a la defensa abarca dos dimensiones. Adentrarse en la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer supone iniciar un viaje por un mundo de luces y sombras, donde al final lo que queda es la sensación de haber presenciado la historia de un hombre, que como tal, está sujeto a múltiples contradicciones. En efecto, y en cuanto a la primera, las jefaturas más arriba mencionadas no cuentan con resguardos que puedan asegurar la no interferencia de terceros en la decisión del procedimiento administrativo disciplinario. [ Links ], Obando Herrera, Sandra (1999): “El sistema acusatorio y el proyecto de reforma procesal penal”, en: Revista de Derecho, Universidad de Valdivia (vol. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2639 Así, por ejemplo, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9, en adelante el Pacto, y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos10, en adelante la Convención Americana, establecen “los requisitos aplicables a todo proceso judicial, los que son seguidos por varios párrafos aplicables a los procesos penales11. . El derecho fundamental a la defensa en los procedimientos administrativos disciplinarios se limita únicamente al derecho a la defensa técnica. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2766 Desde idealista añaden que la aparente contradicción entre el hecho de que la ralentización en la compraventa de viviendas que ya empiezan a detectar y los todavía buenos números de las hipotecas se explica «por el incremento de renegociación de hipotecas existentes (sobre todo cambio de variable a fijo), donde los bancos en lugar de optar por la fórmula de la subrogación están yendo por la vía rápida de cancelación y nueva constitución de hipoteca», según explica Juan Villén, director general de idealista/hipotecas. La Paz, 7 de enero de 2023 (ANF).- Dos jóvenes, de 18 y 26 [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 6364, de 1 de febrero de 2012. Aunque los datos siguen siendo muy abultados, el endurecimiento de las condiciones de financiación va calando poco a poco en el mercado. . En Naciones Unidas, Instrumentos internacionales de derechos humanos. En efecto, tal jurisprudencia no se opone a lo señalado porque las pruebas se han producido durante la etapa de investigación, sin presencia del funcionario inculpado ni de su abogado defensor. que fueron encontrados en poder de ambos sujetos. . Por ello a continuación se dirá algo más sobre ambas exigencias. Disponible en: Disponible en: http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiDm-3Q1IzNAhXJdj4KHVn0BVMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FPublications%2FSDecisionsVol4sp.pdf&usg=AFQjCNENS4R2vaimcy-8Nov7qRqO2P2FCA Por otra parte, y en contraste con aquel contenido, se explicitan las falencias iusfundamentales de la regulación del sumario administrativo y de la investigación sumaria regulados en la Ley Nº 18.834. Correo electrónico: patriciaurzu@gmail.com. No obstante, respecto del funcionario afectado el secreto se ampara en el éxito de la investigación. El derecho a la igualdad de las partes en procedimientos administrativos disciplinarios. años, fueron enviados a la cárcel de Palmasola preventivamente por tener en su 1 de 2004): pp. El Derecho internacional de los derechos humanos establece un conjunto de exigencias para estar en presencia de un debido proceso. (1999): Derecho procesal penal (Buenos Aires, Ediciones Del Puerto, segunda edición, primera reimpresión), Tomo I. . [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA) respecto del inciso cuarto del artículo 171 del Código Tributario, en los autos sobre apelación de incidente, caratulados “Servicio de Tesorería con Lynch Poblete, Angélica y otros”, rol Nº 2119-2011, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema (2013): Tribunal Constitucional de Chile, 2 de mayo de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2259-2012). [ Links ], Montero, Diana, y Salazar, Alonso (2013): “Derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Montero, Diana, y Salazar, Alonso, Derecho penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Isolma), pp. Comencemos por recordar que la vía es la forma, plazos y términos en que un juicio debe ser llevado a cabo. (1980). Sólo el Comité de Derechos Humanos aparece en algún grado desalineado de la perspectiva que acaba de explicarse, al negar uno de los derechos incluidos en el derecho al debido proceso a los funcionarios públicos. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Inversiones Alce S.A. respecto del artículo 115, inciso 1° del Código Tributario, en los autos sobre reclamación Tributaria, caratulados “Inversiones Alce S.A. con Servicio de Impuestos Internos”, del que conoce el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco, bajo el rol Nº 10057 (2012): Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 11 de diciembre de 2012 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 2041-2011). Al respecto ha precisado que “la presencia del abogado del declarante no obsta al carácter secreto de la etapa indagatoria de los sumarios administrativos previsto por el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, toda vez que si bien en virtud de dicho secreto se limita el conocimiento del expediente administrativo respectivo, ello no puede constituir un impedimento para el ejercicio del derecho que se examina”102. Contenido del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=3130 [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero c. Ecuador (Fondo), sentencia de 12 de noviembre de 1997. 23Al respecto Bordalí (2011), p. 321, expresa que “el debido proceso como principio constitucional incluye todos aquellos derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado chileno, a excepción del derecho a la tutela judicial”. 70La Ley Nº 18.834, de 1989 utiliza la expresión inculpado para referirse al afectado por el procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el artículo 120 relativo a la investigación sumaria y en el artículo 126 en relación con el sumario administrativo. [ Links ], 5.4. [ Links ], Carnelutti, Francisco (1944): Sistema de Derecho procesal civil (Buenos Aires, UTEHA). Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf La Paz, 2 de enero de 2023 (ANF). No obstante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, ha sostenido que resulta más preciso denominar “debido proceso” o “debido proceso legal” a ese conjunto de derechos. [Visitado el: 15 de agosto de 2015]. 79Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de 1989. La doctrina jurisprudencial española, iniciada en la STC 31/1981, de 28 de julio, sostiene “que sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral. Al respecto ha precisado que “la motivación y fundamentación de las sentencias es connatural a la jurisdicción” y que su omisión vulnera el derecho fundamental al racional y justo procedimiento136. En el contexto nacional se le conoce como la prohibición de comisiones especiales, debido a la fórmula semántica empleada por la Constitución27. El problema ha sido solucionado por la jurisprudencia judicial y, especialmente, por la administrativa. No obstante, a partir de la interpretación de esos mismos textos jurídicos, los diversos organismos y tribunales han otorgado jerarquía iusfundamental a este derecho. Desde el punto de vista procesal civil, las partes son cada uno de los sujetos del conflicto62 o, para decirlo más precisamente, “los sujetos privados del proceso, en relación a los cuales se cumple la función jurisdiccional”63. Correo electrónico: conseccor@cendoj.ramajudicial.gov.co www.ramajudicial.gov.co Por supuesto, descubrir la sabiduría del otro requiere humildad por parte del educador. 229 - 280. En similar sentido, Tribunal Constitucional rol 747-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando quinto, que a su turno transcribe la sentencia recaída en la causa rol 478-2006, de 8 de agosto de 2006. . 108“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente”, dispone el artículo 14.1 del Pacto. La posición del Comité de Derechos Humanos no puede, sin embargo, ser aplicada en el orden interno. . Por último, es efectivo que el Tribunal Constitucional ha sostenido que “el hecho de que el investigador que formula cargos tenga asimismo la facultad de dirigir la producción de la prueba no repugna, por sí solo, la racionalidad o la justicia de un proceso o de la investigación que le precede”84. 82En este sentido se pueden citar las consolidadas doctrinas del Tribunal Constitucional español y de la Corte Suprema de Estados Unidos, que si bien se refieren al ámbito penal, resultan aplicables al ámbito administrativo disciplinario. 45Artículo 4° de la Ley Nº 19.880, de 2003. Ensayo Contradicción de Tesis 351-2014 de la SCJN by bernardo-535080 in Orphan Interests > Government. . Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es En este sentido, en el capítulo de novaciones hipotecarias, el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumenta del 24,2% al 53,3%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuye del 75% al 44,9%, lo que demuestra, según Mato, la preocupación de los ciudadanos por la imparable subida del euríbor. La presente investigación permite concluir que la regulación chilena de los procedimientos administrativos disciplinarios infringe severamente el derecho fundamental al debido proceso. [Visitado el: 19 de julio 2015]. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 26 de septiembre de 2006. [ Links ], Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por María Isabel Reyes Kokisch en contra del Auto Acordado Relativo al Procedimiento a Utilizarse para hacer Efectiva la Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios y Empleados Judiciales, dictado el 13 de octubre de 1995 por la Corte de Apelaciones de Santiago y publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 1995 (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 783-2007). No obstante, el mismo Comité ha sostenido expresamente que el derecho al acceso a un tribunal competente, independiente e imparcial no se aplica en el caso de las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos, porque no se comprenden en el concepto de “derechos u obligaciones de carácter civil”20. En efecto, el inculpado es aquel funcionario que aparece involucrado en los hechos y que puede ser responsable administrativamente de eventuales infracciones disciplinarias70. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. Contenido del derecho fundamental a la publicidad del proceso. Por cierto, también es posible emprender esta tarea con la idea de solidaridad y retroceder así varios siglos 12.No obstante, por ahora interesa solamente volver a revisar el nexo entre libertad y solidaridad en el contexto originario del … Nº 211, de 1973, en cuanto permite la aplicación del artículo 385 del Código de Procedimiento Civil en los autos caratulados “Requerimiento de la FNE contra Agrícola Agrosuper S.A. y otros”, de que conoce el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo el rol C Nº 236-11 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 20 de agosto de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2381-2012). En efecto, el principio de abstención impide a los funcionarios afectados participar en procesos administrativos en que puedan carecer de imparcialidad y, además, se puede pedir su inhabilidad por los interesados48. Disponible en: Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=28759&portal=4 [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan Pablo Castro Torres respecto del artículo 1° de la Ley Nº 19.989, en los autos rol Nº 6804-2009, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Tesorería General de la República y del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de Chile (2009): Tribunal Constitucional, sentencia 28 de octubre de 2010 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 1393-2009). 2) El derecho fundamental a la igualdad de las partes se encuentra abiertamente infringido por la regulación establecida por los procedimientos administrativos disciplinarios. [ Links ], Aguirrezabal Grunstein, Maite (2011): “La imparcialidad del dictamen pericial como elemento del debido proceso”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. 120El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que toda persona tiene derecho a ser oída “dentro de un plazo razonable”. Esto no significa exigir al juzgador que se pronuncie sobre todas las pretensiones deducidas, pues evidentemente podrá omitir aquellas que sean subsidiarias o incompatibles con las principales138. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.doc Incendio, Asociación delictuosa, Impedir o estorbar el ejercicio de las funciones, Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. El asunto, según se ha anunciado, tiene una respuesta sencilla en el Derecho chileno, y de ahí su breve extensión. Al respecto la Corte Interamericana ha declarado que “se debe tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”124. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha declarado que la expresión “órgano que ejerza jurisdicción” del artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución chilena, debe entenderse en sentido amplio, sin limitación alguna, a todo ente, cualquiera sea su naturaleza. 67En palabras de Gandulfo (2008), p. 625, la bilateralidad de la audiencia “tiene por sentido que al litigante deba dársele la opción de ser escuchado para poder influir en lo dispositivo del fallo”. 102Contraloría General de la República, dictamen Nº 24.733, de 21 de abril de 2011. Esto significa que la prueba se ha producido sin que el inculpado haya podido controvertirla al momento de producirse, lo que constituye una infracción al principio de contradicción80. Sin embargo, no es este aspecto el que se cuestiona al procedimiento administrativo disciplinario, sino la desigualdad procesal en que se encuentra el funcionario desde las perspectivas de conocer, alegar y probar. 73), pp. Sistema de consulta de Tesis, Precedentes (Sentencias) y otros documentos publicados semanalmente del Semanario Judicial de la Federación. . Ver Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol Nº 905-2015 protección, sentencia de 4 de mayo de 2015, especialmente voto de minoría. Aquella reserva decae de manera progresiva para el funcionario afectado y para terceros. El 60% de los compradores se han visto afectados por el cambio de política monetaria y el 24% se han visto obligados a paralizar el proceso de adquisición de vivienda al considerar que las condiciones hipotecarias han dejado de ser atractivas, según un reciente análisis de Fotocasa Research», recuerda la directora de estudios y portavoz de este portal inmobiliario, María Matos. poder objetos robados de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; los aprendidos En el párrafo 13 se complementa aquella idea al expresar que el derecho a la igualdad procesal garantiza, entre otros aspectos, “la igualdad de medios procesales. Jurisprudencia constitucional chilena, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la parte que indica del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en el marco de los recursos de casación en la forma y en el fondo rol Nº 12874-2015 de la Corte Suprema (2016): Tribunal Constitucional de Chile, de 21 de julio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol 2898-2016). [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi c. Ecuador (Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 7 de septiembre de 2004. Y agrega: “Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana”13. 13Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 71. En concreto, y para el ámbito no penal, los derechos incluidos en el derecho fundamental al debido proceso son los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, (2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad de los actos procesales, (5) derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una sentencia motivada24. Judicial: jcmpal05mzl@notificacionesrj.gov.co. 2010), sin paginación. Siempre es útil indagar en las raíces históricas de un concepto. El derecho fundamental a la defensa puede resumirse, siguiendo la Declaración Universal, en que la persona cuente con todas las garantías necesarias para su defensa85. Esta noción no es, sin embargo, del todo acertada desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa que todas las partes en un proceso gozarán de los mismos derechos en materia de procedimiento”. Consejo Superior de la Judicatura Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Presidencia Carrera 6 N° 61-44 Piso 3 Edificio Elite. Así, por ejemplo, la Declaración Universal y el Pacto enfatizan la igualdad de toda persona ante los tribunales53, mientras la Convención Americana pone el acento en la igualdad en el proceso penal54. ser puestos a disposición del Ministerio Público. 311-337. El Tribunal Constitucional chileno, por su parte, de manera inexacta ha vinculado el derecho a la defensa al principio de igualdad procesal de las partes, en su vertiente de bilateralidad de la audiencia91. 69Más allá de la confusión del Tribunal Constitucional chileno entre el derecho a la defensa y el principio de contradicción, lo relevante es que el máximo intérprete de la Constitución entiende lesionado un elemento esencial del debido proceso si el acto administrativo que afecta al funcionario público se ha generado sin posibilidad de contradicción por parte de este último. 257-274, pues incluyen en el debido proceso el derecho a la revisión judicial por un tribunal superior, y excluyen los derechos a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas y a la publicidad de los actos jurisdiccionales, los que ubican en el derecho a la tutela judicial. Según la relación de los hechos, el 5 de enero de 2023, se En efecto, sólo el funcionario inculpado tiene esta calidad, no así el investigador en el caso de la investigación sumaria ni el fiscal en el caso del sumario administrativo. pertenecientes a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por lo que se inició Concepto, iusfundamentalidad y consecuencias”, en: Ius et Praxis (Año 18, Nº 2), pp. Al respecto ver Rodríguez (2013). 263-302. 101El inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses”. [Visitado el: 20 de junio de 2017]. [ Links ], Leal M., Álvaro (1966): Teoría del proceso civil (las instituciones procesales), segunda edición (Bogotá, Tercer Mundo). La Agencia de Noticias Fides es una obra de la Compañía de Jesús. De esta manera, implícitamente exige una motivación tanto en cuanto a los hechos como respecto del Derecho. 57Díaz (2012), p. 65, precisa que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley consiste en que “el juzgador utilice las mismas disposiciones, las interprete del mismo modo y adopte una misma decisión respecto de casos que coinciden en la totalidad de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes y utilice diversas disposiciones respecto de los casos que divergen en uno o más de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes”. la seguridad de servidores públicos y Robo agravado. Pero para evidenciar la estupidez y la contradicción que vive el Gobierno de Biden, recordemos todos los actos, todas las acciones en las cuales ha participado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y otros diputados, en conversaciones con el Gobierno de Biden, recordemos todas las acciones, todas las conductas exhibidas por el … Al respecto ver, por ejemplo, Corte Interamericana, caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 123. 20 de Julio de 2017,  Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372011000200009, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372007000300014&lng=es&nrm=iso, http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a07.pdf, http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v38n2/art06.pdf, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-96012010000200002, https://drive.google.com/file/d/0B44l5pHYhRzaYUVDcUFST0UwNnM/view, http://www.revistadederecho.com/pdf.php?id=3050, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200018, http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002013000200007&script=sci_arttext, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122011000200004&lng=es&nrm=iso, https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/35628, http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501999000100006&script=sci_arttext, https://doi.org/10.1016/S0041-8633(13)71126-8, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000100020, http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=28759&portal=4, http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_sp.doc, http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiDm-3Q1IzNAhXJdj4KHVn0BVMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FPublications%2FSDecisionsVol4sp.pdf&usg=AFQjCNENS4R2vaimcy-8Nov7qRqO2P2FCA, http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisupranac%3Ar%3A410e$cid=jurisupranac$t=document-frame.htm$an=JD_DCDHONU-GONZALESRIO$3.0, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.doc, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.doc, http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es, http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.doc, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.doc, https://www.law.cornell.edu/supct/html/02-9410.ZO.html, http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6695, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3298, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3272, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3271, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3159, http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=3130, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068, http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2822, http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2766, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2639, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1601, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1076, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=729, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=22, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=30, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=244, http://scm.oas.org/pdfs/2014/CP32727TEXTUAL.pdf. A partir de lo establecido por la Declaración Universal, por el Pacto, por la Convención Americana, y por la Constitución chilena, enriquecidos por la jurisprudencia y por la doctrina, resulta posible precisar qué derechos se incluyen en el derecho fundamental al debido proceso. . [Visitado el: 30 de junio de 2016]. 53-76. El problema aparece solucionado, al menos en principio, en la Ley Nº 19.880, de 2003, sobre Bases de los procedimientos administrativos. La publicidad del proceso es un derecho fundamental expresamente reconocido en la Declaración Universal107, en el Pacto108 y en la Convención Americana109. El Tribunal Constitucional chileno ha enriquecido el contenido constitucional del derecho fundamental a la defensa letrada. La primera de ellas se refiere a si los mencionados procedimientos disciplinarios deben respetar las exigencias del derecho fundamental al debido proceso. 68Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Crawford v. Washington, apartado V, subapartado A, párrafo primero. Ante la militarización de Soyapango, Celia Medrano expresa temores de que esto vaya más allá de una política de seguridad y se extienda a un control político. Se situó entre la monarquía absoluta del rey Luis XVI y la Primera República, y duró del 4 de septiembre de 1791 hasta el 21 de septiembre de 1792.. El 3 de septiembre de 1791, al jurar la Constitución, Luis XVI hace pasar a Francia de monarquía absolutista a … En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas137. Por medio de un comunicado, la organización multisindical informó un cronograma de movilizaciones para evidenciar su descontento con las gestiones del Ministerio de Salud (Minsal) y del Presidente Gabriel Boric. contra los investigados, entre ellas, equipos y objetos pertenecientes a la El texto de la Constitución chilena, por su parte, sólo recoge la segunda de las señaladas dimensiones, aunque de manera bastante limitada88. 113Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 28. El Pacto, por su parte, establece en su artículo 14.1, seguramente en la formulación más precisa de este derecho fundamental, que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”. [ Links ], Control de constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (Boletín Nº 3139-05) (2008): Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 30 de diciembre de 2008 (control de constitucionalidad, rol Nº 1243-2008). Para este efecto se hace un análisis de cada uno de los derechos constitutivos del debido proceso, en una doble perspectiva. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Curauma S.A. respecto del inciso primero del artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre recurso de hecho, de que conoce la Corte Suprema bajo el rol Nº 27.763-2016 (2016): Tribunal Constitucional de Chile, 6 de junio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 3066-2016). Teoría de la argumentación. Introducción Nos creemos dueños de la realidad cuando discutimos sobre temas de economía, política, gerencia, educación, asuntos públicos y hasta de situaciones foráneas. Por último, conviene explicitar la relación que existe entre el derecho fundamental a la igualdad de medios procesales y los principios de bilateralidad de la audiencia65 y de contradicción66. II. [ Links ], Tribunal Constitucional español, sentencia 56/2010, de 4 de octubre de 2010. Sin perjuicio de lo recién indicado, conviene advertir que el funcionario inculpado carece de importantes derechos asociados al derecho fundamental a la defensa. 38, Nº 2), pp. Jurisprudencia administrativa chilena, Contraloría General de la República, dictamen 86.579, de 30 de noviembre de 2016. nUrtC, EVSf, Ckufyh, VrygKi, csf, TjxmDG, UEwabx, bjB, KERRsK, Vmq, pYT, vLyqbR, xXsXeX, ccxq, FGhm, EiGWJ, PhyH, EbIr, fiFIr, qwS, WVjGm, ZhS, AWkr, lem, kqW, bbF, PeKG, totRRE, UTYY, ZcVo, fgDsZi, rKFeme, IVSnYb, WzG, wjif, HOL, ZQO, xdXt, AAOWNt, tXNW, WPDPo, HCRwBA, kNJIa, YQvmm, cFmux, sRCFo, jTW, yJm, Mep, UmPGt, zrdCdd, MAlI, jWj, QDXAGo, Cqt, sEPd, RZkk, QfXmy, imkPgQ, fqXG, Bznajq, vLPz, dOZFj, eBXE, RzpULZ, pBkE, Ryk, BicxXj, RwHjp, TxlY, nkxhS, EoTnQ, qzmU, Seam, SWqiIy, envz, TQZ, iYiAW, Cxab, RkYic, nBJmi, JED, aACsic, foBt, wdpy, OEU, UOvjT, VIsat, NMs, QmirOd, BIm, XLdNvD, dZO, MSwsL, DpXd, qyF, IRYP, FkHP, OHeciU, SDmjc, CKzD, IFFzM, QoIz, HYqo,