El sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Discrepo de esta postura. Artículo 81.- La Presidencia de la República vaca de hecho por muerte, o por cualquier pacto que haya celebrado Esta última solo se plantea – 6:52 min. NATURALEZA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE CÓDIGO. De modo que no es cierta la afirmación de que la “esfera jurisdiccional y la investigación fiscal” estén reguladas en esa disposición, pues las infracciones constitucionales allí contempladas no se derivan al ámbito jurisdiccional ni tampoco activa la acción penal por parte del Ministerio Público. [2] Esta tesis ya había sido propuesta por los abogados Rosa María Palacios, y César Aazabache, quienes además señalan que el primero en ponerla en debate fue el constitucionalista Luciano López. Así, esta prerrogativa condice con nuestra forma de gobierno presidencialista[16] matizada con elementos del parlamentarismo. 2.5 Responsabilidad administrativa funcional. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presi- Sin embargo, hay también un importante movimiento en contra de este proyecto, impulsado entre otros por la Iglesia Católica, y una mayoría de peruanos aún se opone a la legalización de la unión civil homosexual –que, más allá del nombre, cumple el propósito del matrimonio para personas de mismo sexo. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas – ACNUDH, folleto informativo núm. [7] La resolución legislativa puede verse aquí. 12, núm. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Dichas elecciones se Sistema de. https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/30314/INS138.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Hermida del Llano, Cristina. Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. Además, esta declaratoria de suspensión no es constituye una sanción constitucional, sino una medida de conveniencia política en vista de la grave crisis en la que se encuentra sumida la institución presidencial. realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Correo de contacto: [email protected]. A.V. (27 de agosto de 2022). ¿Puedes…, ¿A qué obedece la variación de la comparecencia con restricciones por…, El silencio voluntario del individuo se constituye en un derecho de…, La responsabilidad civil extracontractual nace de la ley, y la responsabilidad…, Indecopi sanciona a Nestlé porque producto «Maggi Cubito Carne» no contiene…, ¿Cuál es el doble objeto que tiene el fenecimiento de la…, Ideas de regalos por Navidad para abogados y abogadas, LP busca la revancha en partido de fútbol contra el Instituto…, 7 series de Netflix que debes ver si eres abogado o…, Hacia un diagnóstico para el mercado laboral peruano, Deloitte: ¿qué mecanismos legales se debe emplear para reemplazar la firma…, Cuando un juez sufre por un hijo… [publicación viral], Padre cambia de género en sus documentos porque en su país…, Seminario: Liderazgo y habilidades blandas para abogados (20 y 21 de…, El rey de los ternos en Gamarra… estudió derecho. 47, enero-marzo, pp.13-50. Suprema en el plazo de cinco días. A.V. Lo cierto es que este salvataje no es políticamente recomendable debido a que su alta indeterminación normativa puede propiciar un uso arbitrario por el parlamento. El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la mesa de partes del Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y dos de sus ex ministros, con la finalidad de que el órgano legislativo determine la responsabilidad constitucional que les corresponda (suspensión, destitución o inhabilitación) y eventualmente queden expeditos para ser procesados penalmente. De este modo, la interpretación de las disposiciones de origen nacional y convencional, debe llevarse a cabo orientada por los principios de unidad, concordancia práctica y fuerza normativa de la Constitución, los cuales son de naturaleza sectorial (solo son aplicables en el derecho constitucional) y, por tanto, difieren diametralmente de los métodos clásicos de interpretación jurídica. Además, esta declaratoria de suspensión no es constituye una sanción constitucional, sino una medida de conveniencia política en vista de la grave crisis en la que se encuentra sumida la institución presidencial. Había mencionado en el acápite anterior que me adhería a la postura de Castillo Córdova según la cual estos instrumentos internacionales constituyen normas constitucionales adscriptas de origen convencional. cit., pp. Disuelto el Congreso, se mantiene en “¿Qué ocurriría si el caso Pedro Castillo llegara al Congreso?”. Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República, WebLa responsabilidad del Presidente de la República. WebEn este articulo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad juridica del presidente de la Republica, segun el ordenamiento constitucional vigente en el Peru. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1EovnCeN1iNq8gdXSq24nlV7mT_S6LEe2/view?fbclid=IwAR0WbnXUR93WWcRWO26ayTXzXMFdUad7sCGWW5XePe4s20kcdMSph34PVI4. “Control de convencionalidad”. [7] La resolución legislativa puede verse en: https://drive.google.com/drive/folders/1vOF3A8f2XcRuXu5Ryg7lmRHn_l45FPeb. (11 de octubre de 2022). https://drive.google.com/file/d/1EovnCeN1iNq8gdXSq24nlV7mT_S6LEe2/view?fbclid=IwAR0WbnXUR93WWcRWO26ayTXzXMFdUad7sCGWW5XePe4s20kcdMSph34PVI4. “Control de convencionalidad”. Volver a los detalles del artículo La responsabilidad jurídica del presidente de la República en el Perú Descargar Descargar PDF La responsabilidad jurídica del presidente … Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. [12] Castillo Córdova, Luis. 00604-2018-PA/TC-Cajamarca]. [n 5] El actual mandatario es Gabriel Boric Font, quien asumió el cargo el 11 de marzo de 2022, dando inicio así a su gestión. Por ejemplo, Cario Roldán la ha rebatido expresando que “la suspensión temporal solo podría aplicarse en caso de incapacidad física o si el presidente enfrenta un proceso judicial por hechos señalados en el artículo 117”; por este motivo, añade que “si el Congreso quiere suspenderlo, tendría que ser mediante un juicio político por infracción a la Constitución, en el marco de los artículos 99 y 100, y eso supone necesariamente 87 votos”[18]. Castillo Córdova, Luis. (27 de agosto de 2022). el control de convencionalidad implica, también, la tarea de una «interpretación conforme» de nuestras normas de derecho interno (incluidas las constitucionales) con las supranacionales. En efecto, un tratado versará sobre derechos humanos cuando sus disposiciones normativas reconozcan –explícita o implícitamente– facultades iusfundamentales (situaciones jurídicas positivas o de ventaja) a favor de los ciudadanos de los Estados partes, a fin de que su garantía pueda ser exigida frente al poder público, a la sociedad y a otros particulares. Discrepo de esta crítica. legal de miembros del Congreso. 16, pp. [1] Denuncia constitucional 307/2022-2026, p. 375. También se examinan los alcances de la prohibición de acusar al presidente de la República durante su período de mandato, prevista en el artículo 117 de la Constitución, por delitos distintos a los mencionados en este artículo constitucional. Como bien lo ha advertido el doctor Hakansson Nieto, el aforamiento personalísimo y excepcionalísimo consagrado en el artículo 117 de la Constitución fue previsto por el constituyente para que el presidente no se vea afectado por los avatares de la crispación entre el Ejecutivo y el Legislativo. (view fulltext now), 1. [8] El TC ha establecido como doctrina jurisprudencial que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que obliga a “tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello un directo atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país”. Esta disposición prescribe que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones generales, regionales y municipales, disolver el Congreso inconstitucionalmente e impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Editorial | Asilo político a la familia de Pedro Castillo: ¿Una…, Entre lo evidente y lo justo: Análisis del peligro procesal y…, 07.12.22 – Analizando el [fallido] golpe de Estado de Pedro Castillo, El fallo del TC que permite la postulación de condenados por…, La prohibición legal de la reventa de entradas a espectáculos: ¿Es…, Análisis de la sentencia emitida por la CIDH en el Caso…, Tribunal Constitucional ordena el derribo del llamado “muro de la vergüenza”…, ¿Responsabilidad constitucional del presidente de la República? WebEscuela de Postgrado Maestria en Derecho Constitucional. De modo que, solicitamos al Congreso de la República que, en el marco del control de convencionalidad que le autoriza el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada en el STC 04617-2012-PA/TC, realice una interpretación del artículo 117 de la Constitución que sea «conforme» con lo dispuesto en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, setiembre, primera edición. (2012). Pensamiento constitucional, vol. En Diario La República, dir. El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la mesa de partes del Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y dos de sus exministros, con la finalidad de que el órgano legislativo determine la responsabilidad constitucional que les corresponda (suspensión, destitución o inhabilitación) y eventualmente queden expeditos para ser procesados penalmente. El colombiano que resida en el exterior, cuyos derechos fundamentales estén siendo amenazados o violados por una autoridad pública de la República de Colombia, podrá interponer acción de tutela por intermedio del defensor del pueblo, de conformidad con lo establecido en el presente decreto. En el derecho peruano la construcción teórica de esta noción es aún precaria; no obstante, de un estudio comparado se advierte que la buena administración tiene una dimensión institucional o principista y otra iusfundamental o de derecho humano. "Lo cierto es que este salvataje no es políticamente recomendable debido a que su alta indeterminación normativa puede propiciar un uso arbitrario por el parlamento. Disponible, Hakansson Nieto, Carlos (11 de octubre de 2022). Así, el presidente Pedro Castillo podría ser suspendido del cargo con una votación equivalente a la mitad más uno de los miembros del Congreso (mayoría absoluta), hasta que se termine de resolver su situación jurídica por los cargos de corrupción que se le imputan. Huacasi, Wilber. Esto ha favorecido, en no pocas ocasiones, conductas presidenciales proclives a los excesos políticos y la arbitrariedad. Sí, pero sin malabares jurídicos. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Bien podría estarse en desacuerdo con la vigencia de esta prerrogativa, pero lo cierto es que su instauración data desde las primeras constituciones peruanas, razón por la cual forma parte de lo que se ha denominado Constitución histórica. En síntesis, la tesis fiscal se basa en dos premisas: ¿Esta tesis tiene asidero jurídico? Como principio, esta noción dirige el funcionamiento de los órganos que ejercen función administrativa y gubernamental, y está relacionada a otros principios constitucionales, tales como la eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y legalidad administrativa. La configuración del derecho a una buena administración como nuevo derecho frente al poder. (2022). Si deseas publicar con nosotros escríbenos al correo. 13-50. esta sala estima necesario advertir que el referido acto que dictó la asamblea nacional el 25 de octubre de 2016, denominado “acuerdo para iniciar el … El Presidente del Consejo de Ministros del Perú, en cambio, ejerce las funciones de vo-cero y coordinador de dicho Consejo, al … [6] Castillo Córdova, Luis. Veamos. 22, Núm. Volumen 1: Teoría general de los derechos fundamentales. Actualmente, tenemos a cinco ex presidentes –descontando a Alan García Pérez, quien se suicidó en el 2018– sentenciados o procesados por delitos de corrupción. Por si fuera poco, y como nota complementaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha publicado un folleto informativo en el cual “se presentan los nueve tratados internacionales fundamentales de derechos humanos que están en vigor y sus protocolos facultativos”, los cuales “son el producto de más de medio siglo de constante labor desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948”[10]; sin embargo, ninguno de ellos es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de lo que se infiere que no forma parte del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Legislativo y Ejecutivo en el Perú. Lima: Editorial ADRUS, tercera edición. Lima: Editorial Adrus, tercera edición, p. 280. (30 de setiembre de 2004). Por su parte, Edward Dyer también se muestra en desacuerdo aduciendo que “todo el camino de la esfera jurisdiccional o de la investigación fiscal está regulado en el artículo 117 de la Constitución”[19]. la Facultad de Derecho de la PUCP. Para entender el razonamiento que sustenta la tesis que postula la inaplicación del artículo 117 de la Constitución, es necesario apuntar algunas consideraciones previas sobre los tratados internacionales y su relación con el principio de jerarquía normativa en el ordenamiento peruano. Véase: Moreno Molina, José Antonio. En, Palacios Mc Bride, Rosa María Palacios y Azabache, César. En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. Con Pedro Castillo la lista aumentaría a seis. – Un análisis hacia el intento de prórroga…. Descarga la app de Semana noticias disponible en: LAS RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Convierta a Semana en su fuente de noticias aquí, Tras escándalo por cartel de siluetas de sicarios en Santa Marta, revelan sus rostros como los más buscados, “Otros se han vuelto ricos con la teta del Estado”: Gustavo Bolívar responde las críticas de Marta Lucía Ramírez, Manchester City ‘tropezó' groseramente con el Southampton en la Carabao Cup, “Hablan boludeces sin saber nada”, empresario de Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre el futuro del jugador, Atentos: estas son las suspensiones de agua programadas en Pereira, Desde la ONU, Francia Márquez pidió al fiscal general, Francisco Barbosa, identificar a la organización que intentó atentar contra su vida, Se agita el sonajero por la Alcaldía de Medellín: excongresista del Centro Democrático analiza candidatura. ¿Es adecuado que los intercambios que involucren intangibles califiquen…, ¿Es la extensión del Derecho al Régimen de Visitas una inclusión…, Ley 31145 y sus implicancias -provisionales – para la independización de…, ¿Actúas por mí? WebNo obstante, la responsabilidad asumida por los ministros no limitaba la responsabilidad directa del Presidente, quien también era responsable. Exp. Buscan forzar la incapacidad temporal para suspender a Pedro Castillo. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. WebLa responsabilidad política del presidente de la República Según explica Luis María Díez-Picazo (1996), la responsabilidad política «consiste en la imposición de sanciones, cuya … 12  Ahora bien, podría aducirse que la convención bajo examen sí se adscribe a la materia de derechos humanos por cuanto estaría vinculada al derecho fundamental a la buena administración pública. (2011). Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. Weba) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el … [12] Castillo Córdova, Luis. WebLa responsabilidad política de los ministros: censura y cuestión de confianza; Antejuicio y juicio político en el Perú; La responsabilidad penal y constitucional del presidente de la república y la vacancia por incapacidad moral; Las funciones legislativas del poder ejecutivo: decretos legislativos y decretos de urgencia “Explicando la denuncia constitucional contra Pedro Castillo”. En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. Como bien lo ha advertido el doctor Hakansson Nieto, el aforamiento personalísimo y excepcionalísimo consagrado en el artículo 117 de la Constitución fue previsto por el constituyente para que el presidente no se vea afectado por los avatares de la crispación entre el Ejecutivo y el Legislativo. (2011). ¿Te animas a... Proponen derogar Constitución de 1993 y restablecer la de 1979. Esta conclusión se deduce no solo aplicando un criterio formal, sino también un criterio material. Op. ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo... TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022], Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2022]. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Puede ejercerse control de convencionalidad para inaplicar el artículo 117 de la Constitución y determinar la responsabilidad constitucional del presidente por causales no previstas en el mismo, bajo el amparo normativo de la referida Convención de Naciones Unidas. Hay quienes afirman que esta Convención de Naciones Unidas califica como un tratado de derechos humanos[3]. Considero que no por las razones que puntualmente paso a exponer. WebLEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Última Reforma DOF Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios 13 -04 2020 4 de 62 XXI. No será fácil salir del vacío y la desesperanza que ha traído tan nefasto suceso para las instituciones, para el propio presidente y para una sociedad que desde hace muchos años no se siente representada dignamente. física o moral, y término de su período constitucional. Todos los derechos reservados. También se... http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/19937/19959, La responsabilidad jurídica del presidente de la República en el Perú, La responsabilidad política de los altos funcionarios del estado, Precisiones conceptuales entre, antejuicio político, juicio político y acusación constitucional en la responsabilidad de los altos funcionarios del estado, La permanente incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en la legislación peruana, oai:repositorio.pucp.edu.pe:123456789/132924, Cairo Roldán, Omar2018-10-18T21:12:18Z2018-10-18T21:12:18Z2017http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/19937/19959En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. Lima: Zela, segunda edición, p. 632. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2384-9771. Sin embargo, este razonamiento tampoco es válido, porque –como ya lo he advertido– entre la Constitución y los tratados de derechos humanos no hay una relación de jerarquía normativa, sino de adscripción, lo que supone que las normas convencionales pasan a formar parte del derecho constitucional nacional, sea que hayan sido directamente estatuidas en el tratado por el legislador internacional o sean concreciones producto de la interpretación de los tribunales internacionales. No pasará nada, aquí nunca pasa nada, dice mi amigo Enrique Cortes. En México, las responsabilidades del Presidente de la República se desprenden de las atribuciones preceptuadas como inherentes a su función e investidura, e implican los cargos o acusaciones que puede enfrentar ante el Congreso de la Unión por presuntas acciones u omisiones ilícitas consideradas de suficiente gravedad o trascendencia. En lo que respecta al presidente, el documento describe los hechos que permiten presumir su autoría en los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos llamados Petroperú, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes y Comunicaciones-Puente Tarata. WebFinalmente, se distingue la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica, precisando que, en nuestro país, el Presidente de la República se encuentra exento de responsabilidad política, pero no de la responsabilidad jurídica que generen los actos que realice en el ejercicio de sus funciones. los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Es bueno conocer hasta donde participaron en el entuerto. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006). La urgencia de la determinación de responsabilidad constitucional del Jefe de Estado es innegable; pero la consecución de este propósito debe ser cuidadoso de la dogmática subyacente en el sistema constitucional peruano, por cuanto su construcción responde a la finalidad de controlar el ejercicio del poder político y propiciar la práctica de mecanismos democráticos que rijan la relación Ejecutivo-Legislativo. por iniciativa ministerial. Artículo 133.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza ¿Responsabilidad constitucional del presidente de la República? Moreno Molina, José Antonio. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados); F.J. 55. La razón de que se aplique este principio al juicio político del presidente –además de la razonabilidad– es, como ya lo he anotado, el presidencialismo peruano. Cuando la ley señale un plazo superior para resolver la petición sin … Ahora se quiere convocar a un referéndum y a una constituyente. La responsabilidad política institucional de los ministros en el Perú V. La responsabilidad jurídica del Presidente del Perú VI. Está claro que actuó después del escándalo no antes. a nombre del Consejo. El derecho a una buena administración. Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. Examen JNJ: Tres preguntas sobre acto jurídico. Mientras que su vertiente iusfundamental está relacionada al acceso a la información pública, al derecho a ser indemnizado por los daños derivados del ejercicio de la función administrativa estatal, a los derechos de participación política de los ciudadanos tales como el sufragio, el referéndum, el plebiscito, la participación vecinal en el gobierno local, la revocatoria de autoridades, la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, entre otras posiciones jurídicas subjetivas.[9]. [10] Naciones Unidas. Esto supone que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso calificó materialmente dicha convención mediante un dictamen elaborado para sustentar la respectiva resolución legislativa. Exp. Huacasi, Wilber. Disponible aquí. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, sí como los En síntesis, la tesis fiscal se basa en dos premisas: ¿Esta tesis tiene asidero jurídico? Pensamiento constitucional, vol. Webderecho penal, la responsabilidad jurídica del presidente de la República ha sido reconocida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Exp. Sin embargo, esta afirmación es errada. La disposición así formulada es clara en su sentido normativo. 626-628. Bien podría estarse en desacuerdo con la vigencia de esta prerrogativa, pero lo cierto es que su instauración data desde las primeras constituciones peruanas, razón por la cual forma parte de lo que se ha denominado Constitución histórica. “Ministerio Público presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo”. La referida convención fue aprobada por el Congreso mediante Resolución Legislativa del 30 de setiembre de 2004, adscribiéndola al inciso 2 del artículo 56 de la Constitución, esto es a la soberanía, dominio o integridad del Estado –materia que condiciona la ratificación de los tratados a la previa aprobación del Congreso– y no a la materia de derechos humanos previsto en el inciso 1 del mismo precepto[7]. Por lo que se describe, un presidente de la República podría ser acusado constitucionalmente tanto por infracción a la Constitución (juicio político), como por delito cometido en el ejercicio de sus funciones públicas (antejuicio político). Ya he transcrito el artículo 117, el cual contiene una disposición con un alto grado de determinación normativa, a tal punto que configura una regla constitucional, por cuanto prevé un mandato cuyo cumplimiento se logra con una conducta precisa: solo procede acusar constitucionalmente al presidente durante su periodo por traición a la patria (acto delictivo); por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral (actos infractores de la Constitución, pero no necesariamente delictivos). Se debate y vota entre el cuarto y Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime. Recursos Véase También Bibliografía Legislativo y Ejecutivo en el Perú. WebEn este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. La vacancia presidencial y la responsabilidad jurídica del presidente de la República Por consiguiente, cualquier control convencional que se pretenda practicar en estos procesos parlamentarios cuasi jurisdiccionales, tendría carácter concreto, no abstracto, ya que el objeto de control no es una norma jurídica, sino la conducta de un alto funcionario público. WebVista de La responsabilidad jurídica del presidente de la República en el Perú. La persecución penal de un presidente de la República, como alto funcionario público que es, no es igual que a cualquier ciudadano; ni siquiera es igual la persecución penal de este frente a los demás altos funcionarios públicos señalados en el artículo 99 de la Constitución. El artículo 55 de la Constitución establece la técnica de la integración o recepción de los tratados al derecho interno, pues dispone que los celebrados por el Estado, y los que se encuentran en vigor, forman parte del derecho nacional. Algunos constitucionalistas se han manifestado en contra de esta tesis. [16] Entrevista a Carlos Hakansson Nieto: https://www.youtube.com/watch?v=8ycSTy523Go (2:21 min. Confirman suspensión de servidor responsable de la contratación de ‘Richard Swing’…, Es acto de hostilidad sancionar a trabajadora por no usar mascarilla,…, ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo…, ¿Cómo se realiza el cálculo de la indemnización por despido arbitrario?…, Constitución de deuda por uno de los cónyuges no imposibilita que…. Finalmente, se intenta establecer el significado de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, regulada en el artículo 113 de la Constitución, y su relación con las responsabilidades política y jurídica. ¿Puedes resolverlas? JavaScript is disabled for your browser. Dejando de lado el aspecto penal contenido en la denuncia, lo que ha generado debate es el argumento constitucional propuesto por la fiscal para fundamentarla ante las instancias parlamentarias. funcionario público acusado o inhabilitarlo para el ejercicio para el ejercicio de la función pública hasta por diez Lo cierto es que este salvataje no es políticamente recomendable debido a que su alta indeterminación normativa puede propiciar un uso arbitrario por el parlamento. Artículo 117.- El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, Álvarez Miranda, Ernesto. 1. Personalmente me adhiero a esta última postura, la cual me permitirá argumentar el siguiente acápite. Webtos escritos del Presidente de la República(7); im-porta un acto limitativo del ejercicio de poder del Presidente que no puede actuar solo(8); y radica responsabilidades jurídicas en el ministro refren-dante –salvo las excepciones constitucionalmente consagradas a la irresponsabilidad jurídica del Pre-sidente de la República–(9). En el derecho peruano la construcción teórica de esta noción es aún precaria; no obstante, de un estudio comparado se advierte que la buena administración tiene una dimensión institucional o principista y otra ius fundamental o de derecho humano. Responsabilidad del Presidente en Venezuela Responsabilidad del Presidente de la República Nota: respecto a Responsabilidad del Presidente de la … (12 de octubre de 2022). Buscan forzar la incapacidad temporal para suspender a Pedro Castillo. Por lo demás, hay un antecedente histórico de esta reforma imperiosa, y es que, en los debates del Congreso Constituyente de 1992, Henry Pease propuso incorporar delitos de corrupción como causales de acusación constitucional contra el presidente, pero no fue aceptada. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión 12, núm. Bajo el estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Por ello, hace falta un norma constitucional capaz de brindar soluciones a las crisis políticas, limitando a su vez el poder político del parlamento, a fin de proscribir la arbitrariedad que supone el desvió o abuso del poder.". (0) El derecho a una buena administración. [6] Castillo Córdova, Luis. Director: Roger Vilca | Fundador: Roger Vilca. Con Pedro Castillo la lista aumentaría a seis. Basta ver a los promotores para saber que con la excepción de unos pocos, caeremos en las mismas personas que cínicamente vienen hablando de cambiar al país y viven inmersos en los vicios políticos que pretender acabar. Veamos. 22, Núm. Responsabilidad del Presidente de la República en el Derecho Parlamentario Parlamentarismo Sistema Majlis En África Decline El parlamentarismo es el … El TC los ha definido en los siguientes términos: A la luz de estos principios vinculantes a todos los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto, y desde luego al Congreso, no es válido inaplicar parcialmente la Constitución, sino antes bien, frente a la existencia de interpretaciones dispares extraídas de dos o más preceptos constitucionales, deben escogerse las que armonicen y optimicen la Norma Fundamental. Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International, Pensamiento Constitucional Vol. Legislativo y Ejecutivo en el Perú. En consecuencia, aunque la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción sea hipotéticamente un tratado de derechos humanos –lo que en realidad no es así por los argumentos esbozados en el acápite anterior– y, por ende, se adscriba a la Constitución, es posible armonizar los artículos 30.2 y 117, respectivamente, aplicando los principios mencionados. Por Epifanio López Cantoral, abogado titulado por la Universidad Alas Peruanas. (07 de octubre de 2022). La razón de que se aplique este principio al juicio político del presidente –además de la razonabilidad– es, como ya lo he anotado, el presidencialismo peruano. Hacia una reforma constitucional Francisco Eguiguren Jefe del Departamento de Derecho de la PUCP Síntesis: El ordenamiento constitucional vigente contempla pocas causales para la acusación del Presidente de la República, en caso incurra en algún delito de función o infracción constitucional 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción? La falta de precisión sobre la ubicación jerárquica de estos instrumentos internacionales dentro de nuestro sistema de fuentes del derecho, llevó al Tribunal Constitucional (TC) a sostener que, por regla, tienen rango legal, sean ordinarios, ejecutivos o de habilitación legislativa[4]; sin embargo, en cuanto a los tratados de derechos humanos, el Tribunal señaló adicionalmente que estos son incorporados al derecho nacional a través de la integración o recepción interpretativa por mandato de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en virtud de la cual “las normas relativas a los derechos y libertades reconocidas en la carta fundamental se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. AUN CUANDO SE SUELE PENSAR QUE la jurídica es la única clase de responsabilidad que puede predicarse de los funcionarios públicos, lo cierto es que también existe respecto de ellos una de carácter político. Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano. Sí, pero sin malabares... Bachiller en Derecho. [10] Naciones Unidas. Examen JNJ: Diez preguntas sobre derecho de contratos. La convención examinada no tiene como objetivo principal reconocer ni concretizar derechos subjetivos de naturaleza iusfundamental que puedan servir de mecanismos para los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, sino más bien su finalidad es configurar instrumentos destinados a preservar la integridad institucional y legitimad democrática de los Estados partes. Véase: Moreno Molina, José Antonio. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006). 157-170. Disponible aquí. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0, Pensamiento Constitucional; Vol. Artículo 134.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en … (2012). Denuncia constitucional 307/2022-2026. Hermida del Llano, Cristina. De modo que, solicitamos al Congreso de la República que, en el marco del control de convencionalidad que le autoriza el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada en el STC 04617-2012-PA/TC, realice una interpretación del artículo 117 de la Constitución que sea «conforme» con lo dispuesto en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos[1][2]. La mayor colección digital de laProducción científica-tecnológica del país. Había mencionado en el acápite anterior que me adhería a la postura de Castillo Córdova según la cual estos instrumentos internacionales constituyen normas constitucionales adscriptas de origen convencional. Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. 6 Clinton v. Jones (95-1853), 520 U.S. 681 (1997). El control de convencionalidad es una actividad preponderantemente jurisdiccional por el cual se garantiza la eficacia normativa de las convenciones internacionales de derechos humanos y, por ende, el cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes asumidas frente a la comunidad internacional. (2022). Pensamiento constitucional, vol. La responsabilidad política del presidente de la República años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. García Toma, Víctor. En lo personal, encuentro viable esta propuesta, porque, al no precisar si se trata de incapacidad física o moral, habría que entender que comprende ambos supuestos debido a que se trata de una disposición que busca resguardar la investidura presidencial. Desde los 90’s la experiencia política ha evidenciado en el Perú una grave crisis institucional como consecuencia del fenómeno de la corrupción en todas las esferas del poder público, sobre todo a nivel de gobierno central. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=0JJqTRTg724&t=888s (6:10 min. … CAPÍTULO V En RCRPerú[En línea]: https://www.youtube.com/watch?v=8ycSTy523Go. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas – ACNUDH, folleto informativo núm. Por esta razón, sostengo que es indispensable buscar alternativas de solución perdurables en el tiempo, es decir, salidas que no estén motivadas solo en la coyuntura política del momento. Esta consideración es una de las premisas que fundamenta la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación. (2022). Tribunal Constitucional ordena el derribo del llamado “muro de la vergüenza” que divide La Molina de Villa María del Triunfo. En lo personal, encuentro viable esta propuesta, porque, al no precisar si se trata de incapacidad física o moral, habría que entender que comprende ambos supuestos debido a que se trata de una disposición que busca resguardar la investidura presidencial. En vista del alto grado de concreción de esta regla constitucional, que prevé supuestos taxativos, se deduce que la fiscal solicita en puridad que el Congreso inaplique el artículo 117 de la Constitución para aplicar más bien los artículos 30.2 y 30.3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual –a criterio suyo– es un tratado de derechos humanos. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número 1, p. 2. Segundo, todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos la paz en nuestra nación. Miembro del Instituto Para facilitar las oportunidades de empleo a las nuevas generaciones recién tituladas, desde hoy podrás buscar directamente las ofertas de servicios públicos que no piden experiencia previa Porque creemos que incorporar nuevos talentos es un aporte para el Estado y para la entrega de … Esta suspensión no se funda, pues, en la responsabilidad constitucional declarada por el Congreso. en adelante). Moreno Molina, José Antonio. Profesor de la Academia de la Magistratura del Perú. negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Se trata, pues, de un esfuerzo hermenéutico al que están obligados a realizar todos los actores del entramado social y político, y con mayor razón aquellos sujetos cuyas interpretaciones generan efectos jurídicos. ¿Es conveniente para una... Análisis del Protocolo de Fiscalización Laboral en materia de tercerización: Alcance... Congreso no aprueba la inhabilitación de la función pública de Freddy Díaz, How you can find the Best Virtual Data Place Providers, The European Legislation Students’ Affiliation, 5 razones para oponerse a la Unión Civil Homosexual, El concurso de delitos en el Derecho Penal. en adelante). “Ministerio Público presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo”. El ex magistrado del TC Álvarez Miranda ha planteado la solución de aplicar el inciso 1 del artículo 114 de la Constitución, según el cual la Presidencia de la República se suspende por incapacidad permanente del presidente, declarada por el Congreso[17]. Disponible aquí. a los representantes a Congreso, a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los Sea como fuere, no tiene asidero dogmático afirmar que las convenciones internacionales, incluyendo las relativas a los derechos humanos, estén jerárquicamente por encima de las Constituciones de los Estados partes, lo que imposibilita a su vez considerarlas como parámetros de validez de estas. Entrevista con…. [3] Rosa María Palacios es de esta opinión, quien además señala que la recogió nuevamente del constitucionalista Luciano López. ¿Puedes resolverlas? (2012). (2012). WebDerecho del Bienestar Familiar - Normograma. El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar. El objeto de estudio en la presente investigación, está referido al análisis de la responsabilidad del Presidente de la República en los ámbitos político, penal y constitucional, así como de los criterios a considerar para su reforma en nuestro país. En el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, establece que la Contraloría General de la República (en adelante, CGR) … ¿Estás recién titulado/a y buscas empleo? Considero que no por las razones que puntualmente paso a exponer. WebDentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Esta suspensión no se funda, pues, en la responsabilidad constitucional declarada por el Congreso. (07 de octubre de 2022). En el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, establece que la Contraloría General de la República (en adelante, CGR) tiene como funciones supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, las operaciones de la deuda pública y los actos de las instituciones sujetas a control. Se trata, pues, de un esfuerzo hermenéutico al que están obligados a realizar todos los actores del entramado social y político, y con mayor razón aquellos sujetos cuyas interpretaciones generan efectos jurídicos. Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. Por si fuera poco, y como nota complementaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha publicado un folleto informativo en el cual “se presentan los nueve tratados internacionales fundamentales de derechos humanos que están en vigor y sus protocolos facultativos”, los cuales “son el producto de más de medio siglo de constante labor desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948”[10]; sin embargo, ninguno de ellos es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de lo que se infiere que no forma parte del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. El ex magistrado del TC Álvarez Miranda ha planteado la solución de aplicar el inciso 1 del artículo 114 de la Constitución, según el cual la Presidencia de la República se suspende por incapacidad permanente del presidente, declarada por el Congreso[17]. También se examinan los alcances de la prohibición de acusar al presidente de la República durante su período de mandato, prevista en el artículo 117 de la Constitución, por delitos distintos a los mencionados en este artículo constitucional. Por ello, hace falta un norma constitucional capaz de brindar soluciones a las crisis políticas, limitando a su vez el poder político del parlamento, a fin de proscribir la arbitrariedad que supone el desvió o abuso del poder. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Naciones Unidas. Artículo 81. (11 de octubre de 2022). 3 Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República (Exp. Discrepo de esta postura. La necesidad de emprender esta reforma constitucional radica en que, a diferencia del régimen de responsabilidad constitucional del resto de altos funcionarios públicos señalados en el artículo 99 de la Constitución, el correspondiente al presidente sí se rige –siempre lo ha estado en nuestra historia constitucional– por el principio de tipicidad, lo que significa que las infracciones constitucionales en que pueda incurrir deben estar previstas en la norma fundamental. (2011). Un Despacho de la Fiscalía de la Nación, que es parte integrante del Ministerio Público, debe actuar siempre con objetividad y como defensor de la legalidad, … el décimo día natural después de su presentación. Reitero, esta particular suspensión no deriva de un juicio o antejuicio político, sino de la verificación de un acontecimiento que pone en riesgo temporalmente la investidura presidencial como consecuencia de la situación fáctica o jurídica en la que se encuentra inmerso el presidente, a tal nivel de gravedad que amerita la adopción de una medida provisional hasta que tal impase sea superado; y en caso esto no suceda, la incapacidad devendría en permanente. El origen de la responsabilidad política institucional en el derecho constitucional IV. Puede ejercerse control de convencionalidad para inaplicar el artículo 117 de la Constitución y determinar la responsabilidad constitucional del presidente por causales no previstas en el mismo, bajo el amparo normativo de la referida Convención de Naciones Unidas. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Por otro lado, según García Toma, el antejuicio y juicio político son “mecanismos procesales de control político destinado a promover, de un lado, la defensa y eficacia de las normas e instituciones previstas en la Constitución, contra el abuso del poder en que pudiesen incurrir los altos funcionarios públicos; y del otro, la intervención del órgano judicial –a través de la Corte Suprema– en la investigación, juzgamiento y eventual penalización de determinadas altas autoridades o ex autoridades estatales”[11]. Hermida del Llano, Cristina. Manifiesto influencer: Repensando el principio de autenticidad en la publicidad digital, Infografía | Subsidiar, sucursal y franquicia, Una estrategia de avance vs, una estrategia de freno radical Mitos…, Infografía | El fin de la pena en el Perú, ¿El Estado peruano es responsable internacionalmente por la violación de Derechos…, Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revoca la resolución que dictó…, Respecto al artículo 361° del Código Penal: ¿El particular que comete…, Gonzalo Alegría es denunciado por violencia psicológica y sexual, Problemas probatorios de la prueba testimonial: Análisis desde la psicología del…, Impedimento de salida: alcances y especial referencia al denominado “testigo importante”, INFOQUE | ¿Cuál es la diferencia entre acto jurídico y hecho…, Bienes intangibles. 22 (2017), http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/19937/19959. La convención mencionada no tiene esta característica, sino más bien es un instrumento que vincula a los Estados partes a adecuar su ordenamiento jurídico y a diseñar sus planes y políticas públicas para prevenir, combatir, sancionar y erradicar la corrupción en todos los niveles y esferas del sector estatal. [17] Columna de Ernesto Álvarez Miranda en El Montonero: https://www.youtube.com/watch?v=Cl-PPBhbhzA. A propósito de esta última disposición algunos constitucionalistas, como Omar Sar, han afirmado que las convenciones sobre esta materia tienen rango supralegal, al formar parte del bloque de constitucionalidad (parámetros de interpretación de las leyes), pero de rango infra constitucional pues la Norma Fundamental no le otorga esta jerarquía suprema[5]; mientras que otros, como Castillo Córdova, sostienen más bien que “estas normas convencionales se integran al sistema jurídico nacional en su nivel constitucional, conformando el derecho convencional constitucionalizado que se adhiere a la norma constitucional directamente estatuida”, razón por la cual “se les debe denominar como normas constitucionales adscriptas de origen convencional”[6]. El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes. El derecho a una buena administración. 30 / Rev. cit., pp. Disponible aquí. Disponible aquí. Desde mi perspectiva, a pesar de ser instrumentos de control político parlamentario, son funciones materialmente jurisdiccionales, pero formalmente legislativas por mandato constitucional. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). De modo que, solicitamos al Congreso de la República que, en el marco del control de convencionalidad que le autoriza el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada en el STC 04617-2012-PA/TC, realice una interpretación del artículo 117 de la Constitución que sea «conforme» con lo dispuesto en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos.[1][2]. (2012). Webcaso, sigue en manos del Presidente de la República. 2020. XVI, núm. salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presen- La urgencia de la determinación de responsabilidad constitucional del Jefe de Estado es innegable; pero la consecución de este propósito debe ser cuidadoso de la dogmática subyacente en el sistema constitucional peruano, por cuanto su construcción responde a la finalidad de controlar el ejercicio del poder político y propiciar la práctica de mecanismos democráticos que rijan la relación Ejecutivo-Legislativo. WebTrabaja en el Estado | Servicio Civil. XVI, núm. De estimarse esta propuesta, el presidente podría ser sometido a juicio o antejuicio político –según la calificación que adopte la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (infracciones constitucionales o delitos de función)–, su prerrogativa sería levantada y la fiscal de la Nación quedaría habilitada para procesarlo penalmente por los cargos de corrupción que se le imputan. [9] Este principio-derecho fundamental tiene amplio desarrollo en el derecho español. 1. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf. La convención examinada no tiene como objetivo principal reconocer ni concretizar derechos subjetivos de naturaleza ius fundamental que puedan servir de mecanismos para los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, sino más bien su finalidad es configurar instrumentos destinados a preservar la integridad institucional y legitimad democrática de los Estados partes. Dentro de este … Esta consideración es una de las premisas que fundamenta la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación. Miembro del círculo estudiantil Lex Patria – C. Jurídico. Por lo dicho hasta aquí, opino que hay dos soluciones sensatas, una aplicable para la crisis política actual y otra con vocación de permanencia normativa. Resolución Legislativa que aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Volver a los … (30 de setiembre de 2004). al 3:25 min.). Sobre la base de lo anterior, y suponiendo que el tratado objeto de análisis calificara materialmente como uno de derechos humanos, pareciera tener asidero que el Congreso ejerza control convencional para inaplicar el artículo 117 de la Constitución y así habilitar el procesamiento penal del presidente Pedro Castillo por causales no contempladas en dicha disposición normativa. Por ejemplo, Cario Roldán la ha rebatido expresando que “la suspensión temporal solo podría aplicarse en caso de incapacidad física o si el presidente enfrenta un proceso judicial por hechos señalados en el artículo 117”; por este motivo, añade que “si el Congreso quiere suspenderlo, tendría que ser mediante un juicio político por infracción a la Constitución, en el marco de los artículos 99 y 100, y eso supone necesariamente 87 votos”[18]. Como principio, esta noción dirige el funcionamiento de los órganos que ejercen función administrativa y gubernamental, y está relacionada a otros principios constitucionales, tales como la eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y legalidad administrativa. http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/188. En. En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. Web¡Bienvenido a Banorte! La configuración del derecho a una buena administración como nuevo derecho frente al poder. ), [5] Tesis que defiende Omar Sar. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados). WebA la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente. Véase aquí (10:57 min. Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano. Conclusiones: 3.1 El Principio de Legalidad, reconocido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°... Fundamento destacado: Sétimo.- Examinado lo actuado, se concluye que estamos frente a un caso de responsabilidad, siendo menester precisar de que la responsabilidad es... ¿Responsabilidad constitucional del presidente de la República? http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/188. Esta disposición prescribe que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones generales, regionales y … A&C Revista de Direito Administrativo y Constitucional, vol. Ya he transcrito el artículo 117, el cual contiene una disposición con un alto grado de determinación normativa, a tal punto que configura una regla constitucional, por cuanto prevé un mandato cuyo cumplimiento se logra con una conducta precisa: solo procede acusar constitucionalmente al presidente durante su periodo por traición a la patria (acto delictivo); por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral (actos infractores de la Constitución, pero no necesariamente delictivos). ARTÍCULO 5o. 23-2001), en los siguientes … Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano. Terminado el periodo presidencial, el presidente puede ser acusado por los eventuales delitos o infracciones a la Constitución pues de acuerdo al artículo 117, el … Escuela de Postgrado. 30 / Rev. 2020. Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Caso Óscar Denis: la responsabilidad jurídica recaerá sobre Abdo, dijo exministro de la Corte . XVI, núm. Lo dicho hasta este punto explica que la denuncia constitucional comentada parta por la premisa de que la Convención de Naciones Unidades contra la Corrupción versa sobre derechos humanos, por cuanto esto permitiría establecerla como un criterio interpretativo del artículo 117 de la Constitución. Por  Vicente Brayan Villalobos Villalobos, Bachiller en Derecho. La falta de precisión sobre la ubicación jerárquica de estos instrumentos internacionales dentro de nuestro sistema de fuentes del derecho, llevó al Tribunal Constitucional (TC) a sostener que, por regla, tienen rango legal, sean ordinarios, ejecutivos o de habilitación legislativa[4]; sin embargo, en cuanto a los tratados de derechos humanos, el Tribunal señaló adicionalmente que estos son incorporados al derecho nacional a través de la integración o recepción interpretativa por mandato de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en virtud de la cual “las normas relativas a los derechos y libertades reconocidas en la carta fundamental se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.